La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha tenido, como se dice, “un bajón” en los últimos tres años. Durante la gestión de la Procuradora Raquel Caballero, la instancia responsable de vigilar al Estado en el cumplimiento de los derechos humanos ha sido casi irrelevante.

La visión conservadora y el fundamentalismo religioso de Caballero han influido notablemente en su trabajo como Procuradora, especialmente en temas como despenalización del aborto, educación sexual y reproductiva, derechos de las mujeres y diversidad sexual.

A lo anterior suman los señalamientos de nepotismo y otras irregularidades que deterioraron el ya deficiente liderazgo de la Procuradora. En el contexto del nuevo gobierno, Caballero ha guardado silencio frente a despidos arbitrarios y otras acciones (y omisiones) presidenciales que constituyen violaciones a derechos humanos.

Por eso la elección del nuevo procurador o procuradora representa una valiosa oportunidad para “recuperar” la PDDH. “Recuperar” en el sentido de hacer que vuelva funcionar cabalmente y cumpla su rol de tutelar los derechos de la población, mandato establecido en la Constitución, la ley de la Procuraduría y otras normativas.

La Asamblea Legislativa está en la fase de revisión de las propuestas; por tanto, las organizaciones populares no deberían pasar desapercibido este proceso. El Salvador necesita una PDDH que vigile el cumplimientos de sus derechos políticos, individuales, sociales, económicos, ambientales y culturales de todas y todos.

Diversas problemáticas del país requieren una Procuraduría vigilante, crítica y valiente. La aplicación de leyes injustas contra mujeres pobres que abortan accidentalmente, violación de derechos laborales en empresas privadas y en el gobierno, medioambiente deteriorado y amenazado por nuevas inversiones, retrocesos en materia de transparencia y rendición de cuentas públicas, falta de una ley de agua no privatizadora, vigencia de esquema tributario regresivo y de un sistema previsional privatizado, entre otras.

La PDDH debe fiscalizar a todo el Estado (Ejecutivo, Asamblea Legislativa, Sistema Judicial y municipalidades), y exigir a las instituciones públicas que protejan a la población ante violaciones de derechos cometidas por entidades privadas.

Ojalá, entonces, que la población exija a los diputados y diputadas que elijan a una procurador o procuradora honesta, capaz, independiente y comprometida con la defensa plena de los derechos humanos. Hay que “recuperar” la PDDH.

Ojalá que así sea.