Diputadas y diputados del FMLN presentaron el pasado 15 de mayo el anteproyecto de “Ley para la Prohibición de Plásticos de un solo Uso y Recipientes Descartables”.

La propuesta -que pasó desapercibida en la mayoría de medios de comunicación tradicionales y digitales- plantea, entre otras medidas, un impuesto por el uso de bolsas plásticas, prohíbe los plásticos de un sólo uso y establece un plazo para que la industria plástica produzca únicamente recipientes bio-degradables.

Una semana después, la diputada de ARENA, Mayteeé Iraheta, presentó una propuesta similar. Esta misma parlamentaria presentó esta semana la iniciativa “Cero Basura en la Escuela”, que propone una política de educación ambiental en las escuelas a implementar por el Ministerio de Educación.

Dichas propuestas deberían ser discutidas y aprobadas con urgencia, pues la contaminación con plásticos es grave en el país. El Salvador es, prácticamente, un inmenso basurero de 20 mil kilómetros cuadrados: las bolsas, envases y demás recipientes plásticos están en todos lugares y terminan en los ríos, quebradas, lagos y -finalmente- en el mar. Muchos de estos descartables tardan cientos o miles de años en desintegrarse.

El debate legislativo sobre los plásticos también debería reactivar la discusión de otros temas ambientales que han sido ignorados o postergados. Uno es la prohibición de los agrotóxicos que envenenan el agua superficial y subterránea, contaminan el aire y causan graves problemas de salud: diversos tipos de cáncer, insuficiencia renal, entre otras enfermedades que llevan a la muerte.

Otro problema ignorado es la contaminación electromagnética con antenas telefónicas que proliferan por todos lados. Esta semana, comunidades de Lourdes Colón han denunciado la instalación de antenas que podrían causar daños a su salud.

Y, desde luego, debe ser retomada con prioridad la problemática del agua. Los diputados y diputadas que se preocupan por la basura plástica deberían aprobar con urgencia una ley que asegure el agua abundante y de calidad como derecho de toda la población, la gestión totalmente pública del vital líquido y la participación comunitaria en la protección de los bienes hídricos.

La población debe presionar a la Asamblea para que asuma su responsabilidad de legislar para resolver los problemas socio-ambientales del país. La grave crisis del agua y el alarmante deterioro ecológico exigen actuar sin más demora.

Ojalá que así sea.