La Asamblea Legislativa pone restricciones y bloqueos que violentan flagrantemente los derechos ciudadanos de expresión, información, petición y participación. Además de afectar, en algunos casos, la libertad de prensa de periodistas y medios que cubren el quehacer parlamentario.

Una de éstas es la decisión de la Junta Directiva de impedir la entrada de representantes de la Alianza contra la Privatización del Agua a presenciar las discusiones de la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático. Hace algunas semanas, varios activistas pro-derecho al agua fueron agredidos y sacados violentamente por agentes de seguridad que obedecen órdenes del, hasta hoy, presidente legislativo Norman Quijano.

Organizaciones de derechos humanos que exigen un verdadera ley de reconciliación, y no la ley de impunidad que los diputados pretenden aprobar, también han sido bloqueados en su entrada al recinto parlamentario.

Más recientemente, una comisión especial que investiga sobre los señalamientos de presuntos vínculos de algunos políticos con el incremento de asesinatos pandilleriles cerró el audio de la discusión cuando un funcionario del Ejecutivo iba a presentar supuestas pruebas de la referida acusación.

A las restricciones en la Asamblea se suman bloqueos y restricciones en el Ejecutivo, donde el propio Presidente Nayib Bukele ha impedido el libre acceso de algunos medios a conferencias de prensa, mantiene una política de información centralizada en Casa Presidencial y se niega a revelar el contenido de acuerdos con Estados Unidos sobre migración, seguridad y otros temas que tendrán serias implicaciones para el país.

Bukele, además, ha excluido de la asignación de pauta publicitaria de la Presidencia a la mayoría de medios de comunicación, incluidos los comunitarios y alternativos.

Ante esto es necesario que la ciudadanía democrática exija a la Asamblea Legislativa y al Ejecutivo garantizar plenamente la libertad de prensa y los derechos ciudadanos de expresión, información, petición y participación. Los obligan la Constitución, la Ley de Acceso a la Información Pública y los tratados internacionales, especialmente los estándares de libertad de expresión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Ojalá que así sea.