En su visita, ayer, a la Asamblea Legislativa, el Presidente Nayib Bukele llamó a los grupos parlamentarios a aprobar cuanto antes el presupuesto estatal para el próximo año.

La premura con que el Presidente Bukele quiere que se apruebe el presupuesto llama la atención. En primer lugar, porque todavía no termina la ronda de audiencias en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, donde ministros y titulares de autónomas responden preguntas de los diputados y diputadas (¿Acaso el Presidente quiere interrumpir ese proceso, dado el mal desempeño de algunos funcionarios que no han respondido bien o hasta hicieron el ridículo en sus presentaciones?

Y en segundo lugar, porque desde organizaciones sociales y académicas se están señalando serias deficiencias en la propuesta de presupuesto presentada por el Ministerio de Hacienda (¿Es que Bukele quiere acelerar la aprobación para cerrar ya el debate y no responder a dichos señalamientos?)

Esta semana el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) y varias organizaciones sociales han advertido sobre falta de transparencia, la eliminación o reducción de subsidios y programas sociales e, incluso, han señalado posibles violaciones a la Ley de Responsabilidad Fiscal, Ley de Protección Social y otros fraudes de ley en el presupuesto 2020.

Algunos de los puntos más críticos tienen que ver con los llamados “gastos financieros” y “gastos diversos”, con el presupuesto del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) y otros rubros no detallados. Otros tienen que ver con el incremento de los fondos para publicidad gubernamental, la reducción presupuestaria en el Ministerio de Medioambiente y el incremento del 18% en el gasto militar.

Además, el hecho de aumentar en más de 750 millones de dólares el endeudamiento público y la grave omisión de no proponer reformas fiscales para combatir la evasión, la elusión y el contrabando que, según la UCA, ronda los 1,500 millones de dólares cada año (Según OXFAM son 1,800 millones y según el propio Ministerio de Hacienda anda por los 2,000 millones)

Lo anterior hace necesario abrir un debate público sobre el presupuesto nacional de 2020. En las siguientes semanas, la Asamblea debería convocar a organizaciones ciudadanas, entidades académicas, expertos y a representantes de los diferentes sectores nacionales a una discusión seria orientada a transparentar el presupuesto y ajustarlo a las prioridades del país.

La Asamblea no debe actuar por presión del Ejecutivo, sino acorde a los intereses nacionales y las necesidades de la gente.

Ojalá que así sea.