Hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, instituido por la Asamblea General de la ONU hace 20 años, en 1999. El objetivo es que los Estados, entidades internacionales y organizaciones no gubernamentales realicen actividades orientadas a “sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la violencia contra las mujeres”.

Antes de la ONU, la conmemoración había sido ya instaurada por el movimiento feminista latinoamericano en 1981, en memoria de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, asesinadas cruelmente en República Dominicana, el 25 de noviembre de 1960, por la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo.

Este día en la mayoría de países las organizaciones feministas marcharon exigiendo el cese de la violencia, el cumplimiento de sus derechos y acciones afirmativas del Estado que les protejan de la violencia.

En El Salvador, las organizaciones denunciaron y condenaron la violencia física, sexual, patrimonial, simbólica y demás violencias contra las mujeres, niñas y adolescentes que tienen en el feminicidio su expresión más dantesca.

En el país la conmemoración tiene como contexto la impunidad de muchos femicidios, la cuestionada absolución de un magistrado acusado de agredir sexualmente a una menor de 10 años, denuncias de acoso sexual contra periodistas en medios de comunicación y la vigencia de la penalización absoluta del aborto que permite a fiscales y jueces mandar a la cárcel hasta por 40 años a mujeres pobres que abortan accidentalmente.

La violencia contra las mujeres no solo proviene de los hombres machistas que las acosan, agreden, violan y matan; sino del mismo Estado que las criminaliza y les niega el derecho a decidir sobre su propio cuerpo.

En este sentido, es necesario que el país avance en tres ámbitos de acción urgentes. El primero es impulsar estrategias de educación y sensibilización para desmontar la cultura machista de la mayoría de hombres, promoviendo la equidad de género y los derechos de las mujeres.

El segundo es acabar con la impunidad de los actos de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, procesando y condenando a todos los agresores, violadores y feminicidas.

Y el tercero es presionar por políticas que aseguren los derechos de las mujeres, el pleno cumplimiento de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia hacia las Mujeres y la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo en las causales que plantean las organizaciones feministas.

Es urgente desmontar la cultura machista y el Estado patriarcal.