La semana pasada se cumplieron 30 años del asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras: Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró, Juan Ramón Moreno, Amando López, Joaquín López y López, Elba Ramos y Celina Ramos. La masacre fue perpetrada en el campus de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), la madrugada del 16 de noviembre de 1989.

El horrendo crimen fue perpetrado por soldados del Batallón Atlacatl, entrenado en la tristemente célebre Escuela de las Américas, donde los gobiernos de Estados Unidos fabricaban represores, asesinos, torturadores y genocidas que cometieron crímenes atroces en los años sesenta, setenta y ochenta en El Salvador y en otros países de América Latina.

Según el Informe de la Comisión de la Verdad de la ONU, la masacre de la UCA fue ordenada por el alto mando militar de la época integrado por René Emilio Ponce (jefe del estado mayor del Ejército), Juan Orlando Zepeda (viceministro de Defensa), Inocente Orlando Montano (viceministro de Seguridad Pública), Juan Rafael Bustillo (jefe de la Fuerza Aérea), Francisco Elena Fuentes (jefe de la Primera Brigada de Infantería) y Óscar Alberto León Linares (jefe del Batallón Atlacatl), todos miembros de la promoción militar conocida como “La Tandona”. Como Comandante General de la Fuerza Armada, el entonces Presidente Alfredo Cristiani debió avalar o -al menos- tener conocimiento previo del crimen.

La masacre de los padres jesuitas es -junto al Magnicidio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y masacres como las de El Mozote, El Calabozo y el Sumpul- uno de los crímenes más tenebrosos cometidos por las fuerzas gubernamentales y los escuadrones de la muerte de la extrema derecha salvadoreña.

Como todos los demás crímenes de antes y durante la guerra civil, la masacre de la UCA está impune. En 1990 hubo una pantomima de juicio, cuyos condenados fueron absueltos dos años después por la ominosa Ley de Amnistía aprobada por la derecha parlamentaria durante el gobierno de Cristiani.

En 2011, ante una orden de captura internacional, emitida por la Audiencia Nacional de España, los cobardes ex jefes castrenses se refugiaron en un cuartel militar y fueron protegidos por el entonces ministro de Defensa David Munguía Payés, en el gobierno del ex presidente Mauricio Funes. Actualmente sólo el coronel Montano está detenido en España, tras ser extraditado desde Estados Unidos.

En julio de 2016 la Sala Constitucional derogó la Ley de Amnistía y ordenó a la Asamblea aprobar una nueva ley de reconciliación que asegure la verdad, la justicia y la reparación moral de las víctimas, como condición necesaria para una verdadera reconciliación y la no repetición de los hechos; pero los diputados -especialmente de ARENA, PCN y PDC- se empeñan en aprobar una nueva ley de amnistía para mantener la impunidad.

Ojalá que la población decente y honrada se indigne ante esta barbarie, porque no se puede permitir semejante insulto a la verdad, la memoria, la historia y la dignidad de las víctimas.