El sistema judicial del país está corrompido. Diversos casos confirman que hay muchos jueces, magistrados y otros operadores de justicia que favorecen a procesados por corrupción, algunos están vinculados al crimen organizado, otros condenan a mujeres que abortan accidentalmente y unos cometen delitos sexuales contra niñas (y son beneficiados por sus colegas).

Este último es el caso del magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, enjuiciado por agresión sexual contra una niña de 10 años. Sus cómplices son los obscenos magistrados de la Cámara Primera de lo Penal, Martín Rogel Zepeda y Guillermo Arévalo Domínguez, quienes se declararon incompetentes porque “tocar los órganos genitales de una niña no es delito, sino sólo una falta”.

Desde luego que hay honrosas excepciones de jueces y juezas correctas, por ejemplo: el valiente Juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, que actualmente tiene en el banquillo de los acusados a ex miembros del alto mando militar por la masacre de El Mozote perpetrada en 1981; o el célebre Juez Séptimo de Instrucción de San Salvador, Miguel Ángel García Arguello, quien hace algunos años se atrevió a mandar a fase de sentencia al ahora fallecido ex presidente Francisco Flores. Y hay otros que, fuera de los focos mediáticos y de la atención de la opinión pública, hacen bien su trabajo en los diferentes niveles del aparato judicial.

Sin embargo, la generalidad de los “aplicadores de justicia” es que, precisamente, no aplican justicia y, por tanto, son injustos. Las actuaciones de estos falsos jueces y juezas promueven la impunidad, violentan derechos o contravienen de cualquier manera el principio y mandato de pronta, debida y cumplida justicia.

Especialmente condenable es el actuar de jueces que aplican la ley sólo a personas débiles y son condescendientes con quienes tienen algún poder o influencia política, económica o judicial, en el caso del referido magistrado agresor. Probablemente, Escalante Díaz sería condenado si no fuera funcionario judicial.

Por eso es pertinente que la indignación social que provoca la impunidad de este magistrado agresor sexual derive en una fuerte movilización ciudadana no sólo contra la violencia sexual, machista y patriarcal, sino también por la depuración del sistema judicial.

En el caso del magistrado Escalante Díaz, apoyamos -desde este espacio editorial- las demandas de revertir la decisión de la Cámara Primera de lo Penal y de investigar a sus Jueces Rogel Zepeda y Arévalo Domínguez; pero también proponemos a toda la ciudadanía decente y honrada movilizarse para exigir la depuración de todo el sistema judicial del país ¡Ya!

Ojalá que así sea.