Respetable Relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH):
Sea bienvenido a El Salvador, nos honra muchísimo su presencia. Los medios comunitarios y organizaciones populares reconocemos su arduo trabajo en defensa de la libertad de expresión e información en el Continente.
Desde este espacio editorial queremos informarle que el país sufre graves retrocesos en materia de libertad de expresión, acceso a la información y derecho a la comunicación. A continuación, detallamos algunos hechos y situaciones relevantes a tomar en cuenta por Usted y los/las honorables comisionados/as de la CIDH.
1. El Presidente Nayib Bukele desmanteló la institucionalidad que promovía y facilitaba el acceso a información en el Ejecutivo, la ex Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción (SPTA); y ahora muchas instituciones (Cancillería, Ministerio de Justicia y Seguridad, la propia Casa Presidencial y otras) niegan información que debería ser entregada según la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
2. Algunos medios han sido impedidos de ingresar a conferencias de prensa del Presidente o no se les permite hacer preguntas que resulten “incómodas”. Además, se ha implementado una estrategia de información centralizada desde las secretarias de Comunicación y de Prensa de la Presidencia, lo cual también afecta el trabajo de periodistas y medios de comunicación.
3. La mayoría de medios han sido excluidos de la asignación de publicidad gubernamental: la Presidencia concentra la pauta en los grandes medios condescendientes con su gestión y en medios digitales vinculados a miembros de su entorno, mientras margina a los que tienen políticas informativas o editoriales críticas. Para la CIDH, esto constituye un acto de “censura indirecta”.
4. Las reformas a la Ley de Telecomunicaciones que reconocen a los medios comunitarios, aprobadas hace más de tres años, siguen sin implementarse: con pesar de haber sido presentadas varias solicitudes de frecuencias para este tipo de medios, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) no ha otorgado una sola concesión. Con eso se sigue postergando la asignación de frecuencias radioeléctricas históricamente negadas a los medios comunitarios y la posibilidad de iniciar un proceso gradual de desconcentración del modelo mediático del país.
5. Igual que el gobierno anterior, el actual se niega a convertir a los medios estatales en medios públicos pluralistas e independientes. La Asamblea Legislativa tampoco retoma el proyecto de Ley de Medios Públicos que duerme el sueño de los justos en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales desde el año 2013.
6. Existe un clima de intolerancia a la crítica que se expresa en “linchamientos digitales”, principalmente en Twitter y Facebook. Periodistas, analistas y cualquier persona que informe u opine críticamente de la gestión presidencial puede ser descalificada, estigmatizada o atacada, por el propio Presidente Bukele o por miembros de su círculo cercano, desde cuentas oficiales o desde perfiles falsos. Uno de éstos es conocido como “Brozo”, quien atacó a las periodistas de un medios digital que publicaron sobre un presunto caso de acoso sexual que involucra al director de noticias de un grupo televisivo afín al gobierno.
7. Recientemente el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) filtró a Casa Presidencial datos privados ciudadanos/as solicitantes de información pública: datos que la LAIP define como servados o confidenciales y que, por tanto, no pueden entregarse. Bukele no dio una explicación válida sobre porqué solicitó esos datos y para qué serán utilizados.
Por todo esto, estimado Relator, su visita es oportuna. Esperamos que desde su investidura haga llamados urgentes el Presidente Nayib Bukele y a su gobierno, en el sentido de: garantizar la libertad de expresión y de prensa; permitir el acceso a la información pública; incluir en la pauta publicitaria a todos los medios de comunicación, sin importar su política informativa o línea editorial; implementar las reformas a la Ley de Telecomunicaciones y otorgar frecuencias a medios comunitarios; convertir los medios gubernamentales en medios públicos; asumir una actitud tolerante a la crítica periodística y ciudadana; evitar declaraciones estigmatizantes; y acabar con el acoso, ataques y “linchamiento digital” en redes sociales. También esperamos que lo exhorte a respetar y proteger los datos privados de las ciudadanas y ciudadanos.
Ojalá que así sea.
