Al finalizar un año es siempre oportuno hacer un breve balance político, mencionando los hechos positivos y negativos más relevantes desde el interés público y el grado de afectación a la vida de la gente; y en 2019 lo es todavía más necesario debido al cambio de gobierno. De hecho, los principales avances y retrocesos se relacionan directamente con la gestión del Presidente Nayib Bukele, en el segundo semestre de este año.

Un avance importante es la mejora en la situación y percepción de seguridad pública, debido a la histórica reducción de los asesinatos. Aún cuando las extorsiones, las desapariciones y el control territorial de las pandillas no disminuyan, la población evalúa esto como el principal logro. Según el discurso oficial, esto es resultado del Plan “Control Territorial”, pero críticos y expertos no descartan que sea fruto de alguna “nueva tregua” con las pandillas.

Otro hecho positivo es la reciente gira diplomática del Presidente Bukele por Asia, donde destaca especialmente la visita a China, la segunda potencia económica del mundo. Después mirar únicamente hacia Estados Unidos y Donald Trump, el nuevo gobierno proyecta una política exterior más diversa, plural y pragmática, basada en la búsqueda de cooperación para el país.

Mientras que, en sentido negativo, se registran retrocesos importantes en materias de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información y libertad de expresión.

Un informe presentado por ARPAS a la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH señala la eliminación de la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción; restricciones a medios críticos o que hacen preguntas incómodas; distribución excluyente y desigual de la pauta publicitaria gubernamental; falta de aplicación de reformas legales que reconocen a los medios comunitarios; continuidad de los medios estatales como medios gubernamentales y no como medios públicos; intolerancia presidencial frente a la crítica periodística y ciudadana; y filtración de datos personales del IAIP hacia Casa Presidencial.

Otro aspecto negativo tiene que ver con el presupuesto estatal del próximo año, el cual -a pesar de eliminar la tristemente célebre “partida secreta”- incluyó rubros como “gastos financieros”, gastos varios”, “gastos diversos”, “transferencias a personas” y otros que no  especifican el destino de los fondos. El presupuesto 2020, además, eliminó algunos programas sociales, redujo el subsidio al gas y disminuyó presupuesto al Ministerio de Medioambiente; mientras incrementó el de Defensa y publicidad.

Sumado a esto, el incremento de la deuda pública en 750 millones de dólares y la amnistía tributaria que beneficia a morosos con el fisco, fomenta la evasión de impuestos y perpetúa la injusticia tributaria. Esta medida fue aprobada por la derecha parlamentaria y avalada por el Presidente Bukele, quien -cuando era candidato- criticaba este tipo de medidas aprobadas también en gobierno anteriores.

Criticable es también la famosa CICIES (Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador), presentada por Bukele como una instancia superpoderosa que llevaría a la cárcel a todos los corruptos y corruptores, y que -incluso- ya estaba investigando varios casos. Sin embargo, el represente de la OEA y delegado de la CICIES, Ronald Ochaeta, dijo que la referida comisión no investigará casos, ni podrá judicializarlos; y que su rol será únicamente asesorar, apoyar y acompañar técnicamente a la Fiscalía y otras instancias involucradas en procesos judiciales.

A pesar de todo lo anterior, el Presidente Bukele goza de un altísimo nivel de aprobación que ningún otro gobierno ha tenido. Esto se debe a que la mayoría de la población aún mantiene expectativas de que el nuevo gobierno será distinto a sus antecesores y hará los cambios que aquéllos no hicieron.

Fuera del Ejecutivo, son reprobables el desempeño de la Asamblea Legislativa y actuaciones del Sistema Judicial. La Asamblea sigue sin aprobar normativas urgentes como la Ley de Agua, la Ley de Soberanía Alimentaria, reformas contra la evasión tributaria y medidas de política fiscal progresiva, la despenalización del aborto, entre otras.

Por su parte los “tribunales de justicia” están señalados de dejar impunes a agresores sexuales y ex funcionarios corruptos; mientras procesan a defensores del agua y a mujeres pobres que abortan accidentalmente.

Frente a este panorama del 2019, es necesario que en el próximo año la población se informe adecuadamente, se organice y movilice para hacer valer sus derechos, promover cambios estructurales y presionar para que la institucionalidad del país responda a los intereses colectivos.

Ojalá que así sea.