El representante de la Organización de Estados Americanos (OEA), delegado para la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), Ronald Ochaeta, declaró la semana pasada que dicha instancia no investigará casos de corrupción ni podrá judicializarlos, y que su rol se limitará a dar asistencia técnica a la Fiscalía y apoyar a instituciones involucradas en los procesos judiciales.
Según Ochaeta, esto se debe a que la Constitución de la República otorga el monopolio de la investigación a la Fiscalía y la Asamblea Legislativa no ha realizado algunas reformas legales necesarias (porque aún no han sido presentadas por el Ejecutivo).
“Nos vamos por la cooperación técnica. El candado constitucional es muy fuerte en el país, entonces no se puede tener intervención directa en los casos”, admitió el diplomático guatemalteco, en la entrevista televisiva FOCOS. El delegado de la OEA dijo que, además de capacitar a fiscales, la CICIES también podrá hacer auditorías forenses en el Ejecutivo y otros procesos administrativos sin connotación judicial.
Las reveladoras declaraciones de Ochaeta desmienten contundentemente al Presidente Nayib Bukele -y a sus acólitos- que vendieron una CICIES vinculante que, a decir del vicepresidente Félix Ulloa, iba a “meter presos a todos los corruptos y corruptores”. Bukele, incluso, aseguró que la Comisión ya estaba investigando varios casos, entre éstos los del SITRAMSS y la Represa El Chaparral.
Bukele y compañía también aseguraban que no existía ningún impedimento constitucional y que no era necesaria aprobación de la Asamblea Legislativa, para que la CICIES pudiera investigar y judicializar casos.
Parece, entonces, que hay dos CICIES: la dibujada por la propagada tuitera del Presidente y la realmente existente descrita por Ochaeta. Bukele proyecta engañosamente una comisión tipo la poderosa CICIG guatemalteca, y el representante de la OEA aclara que sería una comisioncita con facultades menores a las de la MACCIH hondureña.
Ochaeta le hace un gran favor al país, al sacar a la CICIES de la perspectiva proselitista de Bukele y situarla en el ámbito de las posibilidades reales dadas por el marco constitucional, legal e institucional salvadoreño.
Ojalá que estas declaraciones del representante de la OEA provoquen un debate abierto, transparente y a fondo sobre la CICIES que el país necesita y las reformas legales e institucionales requeridas para que ésta tenga eficacia y contribuya realmente al combate contra la corrupción.
Si el Presidente quiere una CICIES de verdad, debería convocar a un amplio debate nacional para la creación de una comisión que -sumada a un proceso de depuración del Sistema Judicial y de fortalecimiento de la Fiscalía, Policía y Corte de Cuentas- impacte positivamente en la persecución de los delitos de corrupción y en la recuperación de los dineros robados, que Bukele prometió en la campaña electoral.
Ojalá que así sea.
