Respetable Señor Fiscal:

Mañana se realizará finalmente, en el Juzgado de Sentencia de Ahuachapán, la audiencia contra contra varios líderes comunitarios de Tacuba, acusados de “hurto agravado, “usurpación de inmuebles” y otros delitos que no han cometido. 

David Díaz Aguirre, Marco Antonio Jiménez, Celedonio Martínez Santos, Tomás Humberto Zúniga, Wilfredo Aguilar Rivera, Manuel Bertín Reyes, Luis Álvarez Cabezas y Héctor Antonio Sánchez, son representantes de siete comunidades de Tacuba que fueron demandados penalmente por el ex alcalde arenero Joel Ramírez Acosta, como represalia por no haber cedido a la municipalidad el control de sus proyectos comunitarios de agua.

En la definición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el proceso judicial contra estos líderes comunitarios es un caso emblemático de “criminalización de activistas sociales” y de “persecución contra defensores de derechos humanos”, en el cual la Fiscalía General de la República ha jugado un papel infame desde la época de los tristemente célebres ex fiscales Luis Martínez y Douglas Meléndez, quienes se prestaron a los intereses del ex alcalde Ramírez Acosta.

Y esa nefasta actuación fiscal continúa durante su administración, Señor Melara. Incluso, es todavía peor, pues la Fiscalía no desiste de la acusación a pesar de que el nuevo alcalde tacubense Luis Carlos Milla y su concejo municipal retiraron la demanda contra los representantes comunales. El fiscal del caso, Miguel Santiago Gross Salazar, continúa vilmente acusando a los defensores del agua.

La ofensiva contra los representantes comunitarios contrasta con la omisión y negligencia fiscal mostrada contra el ex alcalde Ramírez Acosta, quien ha sido demandado por posibles delitos de corrupción pero Fiscalía no lo investiga. El ex edil arenero también fue absuelto en agosto de 2018 tras ser detenido conduciendo borracho, portando ilegalmente armas de fuego y acompañado de supuestos miembros de pandillas.

Desde este espacio editorial, Señor Fiscal, nos sumamos a la exigencia de diversas organizaciones nacionales e internacionales que solicitan el cese de la criminalización y persecución de estas humildes personas cuyo único delito fue no dejarse arrebatar sus proyectos comunitarios de agua.

Señor Fiscal Melara: le exigimos que mañana, en el Juzgado de Sentencia de Ahuachapán, su delegado (Sr. Gross Salazar) retire  la injusta acusación contra los defensores del agua David Díaz Aguirre, Marco Antonio Jiménez, Celedonio Martínez Santos, Tomás Humberto Zúniga, Wilfredo Aguilar Rivera, Manuel Bertín Reyes, Luis Álvarez Cabezas y Héctor Antonio Sánchez.

En vez de perseguir activistas y defensores de derechos humanos, la Fiscalía debería investigar y procesar a los corruptos, evasores de impuestos, feminicidas, extorsionistas y demás criminales que deberían ser objeto de implacable persecución fiscal.

Esperamos que así sea.