El Presidente Nayib Bukele vetó, con bombo y platillo, la “ley de reconciliación nacional” que, en la práctica, constituía una nueva ley de amnistía para los autores intelectuales y materiales de masacres, asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y demás violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra civil. 

La normativa había sido aprobada por ARENA, PCN y PDC, y avalada por la omisión de otros partidos que “se abstuvieron”. El aspecto más cuestionable era la posibilidad de eliminar las condenas contra los victimarios, lo cual violentaba el principio de aplicación de justicia establecido por la Sala Constitucional en su sentencia contra la tristemente célebre Ley de Amnistía promulgada en 1993 por esos mismos partidos de derecha.

El veto presidencial -anunciado desde antes de aprobada la referida ley- es acertado, pues el argumento de que es inconstitucional porque incumple los principios de verdad, justicia y reparación, es válido. Por tanto, hay que reconocer como positiva esta decisión de Bukele. 

Sin embargo, el Presidente debe demostrar que su postura a favor de la justicia es auténtica y que vetar la mal llamada “ley de reconciliación” no fue para “lavarse la cara” por su actuación antidemocrática del pasado 9 de febrero o un nuevo acto de su guión proselitista contra los diputados y partidos políticos. Decimos esto porque hay serias contradicciones presidenciales en relación a las demandas de las víctimas.

La primera es que el Presidente se niega a abrir los archivos militares que permitirían conocer la verdad y facilitarían la aplicación de justicia. Al no entregar esta información, el flamante Comandante General de la Fuerza Armada, Nayib Bukele, repite la actitud irresponsable y cobarde de sus antecesores Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén.

Bukele, incluso, incumple sentencias que lo obligan a entregar información castrense, entre éstas la resolución emitida el 24 de octubre de 2019 por el Juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, quien le ordenó entregar los planes e informes de ejecución del operativo militar que culminó con la masacre de mil civiles inocentes en El Mozote, la mayoría ancianos, mujeres y niños, en diciembre de 1981.

Y hablando del “Caso de El Mozote”, hay otra contradicción de Bukele que desdice su compromiso con la causa de las víctimas: el actual viceministro de Defensa, coronel Ennio Rivera, fue apoderado legal de dos ex jefes miliares procesados como autores intelectuales de esa horrenda masacre. Consta en una resolución de la Sala Contenciosa Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, emitida en 2017, que Rivera defendió a los generales Guillermo García y Rafael Flores Lima.

Así que mientras no abra los archivos militares y mantenga en el cargo a su viceministro de la Defensa, Bukele puede vetar tres veces la condenable “ley de reconciliación” y no podrá despejar las dudas sobre la autenticidad de su cacareada postura en favor de las víctimas.