Nuevas medidas de prevención del coronavirus COVID-19 anunció el presidente de la República, Nayib Bukele. Desde el 11 de marzo el país se encuentra en cuarentena para evitar la propagación de la enfermedad, desde hoy nadie puede salir de sus casas, salvo algunas excepciones.
Por Josseline Roca y Norma Ramírez/Foto: Casa Presidencial
“Desde esta noche decretamos cuarentena domiciliar completa por 30 días, por lo que nadie podrá salir de casa. Habrá algunas excepciones”, anunció en cadena nacional el presidente, Nayib Bukele.
Según explicó esta disposición tiene como fin evitar la propagación del COVID-19, que en nuestro país ya registra tres casos confirmados. Desde tempranas horas del sábado, Bukele anunció en redes sociales que las personas debía regresar a sus casas, en ese momento se refirió a quienes estaban en la zona costera.
“El que no está en su casa no podrá regresar”, aseguró Bukele. Agregó que las personas no acaten la disposición serán detenidas y llevadas a un “centro de contención” y se le retirará algunos beneficios, advirtió.
Este anuncio impacta a buena parte de la población, sobre todo a aquella que subsiste del comercio informal. Para ésta población, Bukele manifestó que recibirán una transferencia de $300, entre ellas personas que no reciben salario y trabajadoras informales, entre otras.
“Las formas de transferencia se definirán después. Será 1.5 millones de hogares los beneficiados, el 75% de la población”, afirmó.
Excepciones de la medida…
Si bien la cuarentena domiciliar debe ser acatada por todo la población, que verá restringida la movilidad por 30 días, hay algunas excepciones. Éstas son:
-Solo podrá salir una persona por familia, que se encargará de abastecer de insumos vitales para su hogar (alimentación, medicamentos, otros necesarios).
-Personas que trabajan en actividades comerciales, sector de transporte público, actividades alimenticias de restaurantes (no servicio en mesas), actividades industriales.
-Trabajadoras y trabajadores de restaurantes, farmacias, de medios de comunicación y personal necesario de instituciones públicas, “debiendo portar las identificaciones institucionales pertinentes”.
-Personas que brinden atención a niñez, personas adultas mayores, con discapacidad o que padezcan enfermedades crónicas.
-Trabajadoras y trabajadores de instituciones financieras y de seguros.
-Personas trabajadoras de las dependencias de salud (farmacias, personal médico, enfermeras, paramédicos, persona de hospitales y clínicas privadas).
-Empleados públicos de las instituciones involucradas en la prevención de la pandemia (MINSAL, Bomberos, PNC, FAES, Migración, Cruz Roja, Aduanas).
-Trabajadoras y trabajadores necesarios del sistema judicial (Juzgados de turno, Medicina Legal).
-Diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa, cuerpo diplomático, magistrados, jueces y empleados de tribunales.
-Personas trabajadoras del rubro de producción de alimentos y productos de primera necesidad.
-Trabajadores de vehículos de carga de transporte y distribución de mercadería, que sean parte de la cadena de suministros de alimentos o productos de primera necesidad.
Según el presidente de la República, la medida tiene como fin prevenir la propagación del coronavirus COVID-19 en el país, tras la confirmación de los primeros tres casos.
Hasta el momento, explicó se han realizado 102 pruebas a pacientes sospechosos (3 con sítomas similares al coronavirus) y con riesgo de contactos. Todas resultaron negativas.
Bukele exhortó a la población a quedarse en sus casas mientras dure la emergencia nacional.
Las medidas ausentes
Organizaciones sociales se han sumado al respaldo de las medidas que se están implementado en el contexto de la Emergencia por el COVID-19. Sin embargo, lamentan que, pese a que el lavado de manos es la principal medida de prevención, muchas comunidades continúen sin recibir agua.
“El Salvador no cuenta con las garantías para hacer efectiva esta medida, pues la crisis del agua es persistente, tanto en la mala calidad como en la no disponibilidad”, manifestó Adela Bonilla de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua.
Esta organización, además, lamentó que los impactos de los recortes a los presupuestos en instituciones como el Ministerio de Salud y la ANDA, se perciban en emergencias como la que se vive, dado que estas instituciones tienen un rol fundamental.
“Es irónico que el Gobierno haya disminuido presupuestos al MINSAL y la ANDA, pero que ahora esté exigiendo fondos a la Asamblea”, agregó Adela Bonilla.
Mientras que el Foro del Agua de El Salvador, sugirió que una de las medidas que deberían adoptarse frente a la crisis del COVID-19 es que se reorienten las concesiones de explotación de agua otorgados a empresas privadas, para abastecer a comunidades.
“Con los 8 pozos que se perforarán para la construcción de Valle del Ángel, se puede abastecer a cerca de 800 mil personas”, aseveró Carlos Flores.
