Todas las historias a continuación inician con: “El martes 7 de abril al mediodía…” Ese día, un operativo para detener a las personas que incumplieran la cuarentena domiciliar debido a la pandemia por COVID-19, arrasó con varios municipios de San Salvador: Apopa, Soyapango, San Martín, Ilopango, Tonacatepeque, entre otros. Fueron más de 100 personas detenidas.
Por: Krissia Girón/ Imagen: Resistencia Juvenil Modesto Ramírez
El operativo se dio luego de la orden que emitiera el presidente de la República, Nayib Bukele, de endurecer las medidas con quienes se encuentren en las calles violando el confinamiento.
Según los lineamientos emitidos por el gobierno ante la situación de emergencia, la población debe guardar cuarentena domiciliar a excepción de algunos casos como personas que salgan en busca de alimentos o medicinas para sus familias, quienes trabajen para los rubros autorizados, quienes necesiten realizar tramites bancarios, entre otros.
Varios de estas excepciones no fueron respetadas por los agentes policiales y militares que intervinieron en estas historias.
En busca de alimentos
A Diego lo detuvieron el portón de la casa de su mamá, se dirigía a almorzar cuando la presencia policial lo interceptó a pocos centímetros de su destino. “Llegue al portón, detrás de mí estaban los policías. Me dijeron que si entraba a la casa me iban a dar duro, que me subiera a la patrulla sin poner resistencia y me tuve que subir”, expresó.
Diego tuvo que decidir entre cuidar su integridad o poner resistencia a la detención. “Yo me subí por mi gusto, porque sino me iban a dar duro”, lamenta.
Luego fue trasladado a la delegación de Altavista, donde inició el procedimiento: levantar fichas administrativas y “pedirles” que firmen unos papeles “que a saber qué eran”, afirma Diego.
Siempre al mediodía, pero en el mercado de Soyapango, Jorge estaba comprando alimentos cuando fue interceptado por agentes de la PNC.
“Yo le rogué al policía que me soltara porque tenía que trabajar el día miércoles y me dijo que no porque era la ley que había dado el presidente”, expresó Jorge, quien insistió al agente que lo dejara ir, su temor a perder el empleo era mayor.
“Cuando vio que le rogaba, me dijo: no te vayas a correr, porque si no vas a hacer más grande el problema”, relató.
A Jorge le extraviaron el DUI en la delegación de Soyapango, donde fue trasladado luego de ser detenido en el mercado, no sin antes tomar sus datos y obligarlo a firmar papeles de los cuales desconoce su contenido.
El mismo sol del mediodía cubría a José, quien salió de su casa a buscar tortillas, acción que los agentes policiales que lo detuvieron no creyeron.
“Ellos me preguntaron qué andaba haciendo fuera de la casa y les dije que fui a encargar tortillas, también les dije que podían corroborar la información con la señora de la tortillería”.
Todo fue en vano. La policía procedió a detenerlo.
Fue llevado a las bartolinas, en Ilopango, donde junto a Jorge y Diego, fueron presentados a los medios de comunicación como un logro de las detenciones. Ahí firmaron otros papeles.
“Estuvimos como 6 horas aguantando hambre, como a las 9 ya estábamos en el centro de contención, pero seguimos aguantando hambre porque hasta el siguiente día nos dieron de comer”.
“Su permiso de trabajo no vale”
Roberto y su esposa son trabajadores a domicilio. Laboran para una empresa que distribuye productos de limpieza para hogares y carwash. Ambos van de casa en casa, de establecimiento en establecimiento, ofreciendo estos implementos.
La empresa distribuidora les extendió una carta para certificar que trabajan para ellos y que pudiesen así continuar vendiendo. La policía que detuvo a Roberto afirmó que la carta era inválida.
“Estaba trabajando con mi permiso pero los agentes me dijeron que mi permiso no era válido. Yo siento que desde que me llevaron a la delegación de Soyapango empezaron a violentar mis derechos, porque no era la forma de detenerme”, relata Roberto.
Todas estas historias tienen varios aspectos en común: La actividad que realizaban en la calle está contemplada en el decreto de estado de emergencia como excepciones para poder transitar. Todos fueron trasladados a delegaciones policiales y luego a bartolinas, en Ilopango. En ambos lugares les exigieron firmar papeles de los cuales desconocían su contenido.
Además, en bartolinas fueron presentados ante los medios de comunicación como un logro de los cuerpos policiales ante la orden de capturar a quienes incumplan la cuarentena, exponiendo así sus identidades.
Todas estas historias también presentaron recursos de habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en espera de resolución.
Para el abogado Dennis Muñóz, es claro que esto surge en virtud de una pandemia, pero le preocupa que esto continúe atropellando el resto de derechos de la ciudadanía.
“También existe una falta de solidaridad con las personas que son capturadas, donde se quiere justificar que existe una detención por el incumplimiento de la cuarentena”, dijo.
Muñoz afirma que la detención debe ser la última instancia para resolver un problema como la violación a la cuarentena, además, considera preocupante que sean agentes policiales quienes interpreten o valoren quién sí y quién no incumple la cuarentena. “Estamos ante la presencia de una nueva tendencia criminológica donde únicamente se sanciona a la ciudadanía de a pié”, expresó.
La Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, ordenó que “no debe haber privados de libertad por violar la cuarentena familiar, irrespetando los derechos constitucionales”, un mandato que el presidente de la República, Nayib Bukele, aseguró no cumpliría.
La Sala también ordenó al procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar, vigilar y brindar informe sobre el cumplimiento de medidas cautelares sobre estas detenciones. En su primer documento, la PDDH registró 172 detenciones ilegales durante el periodo de cuarentena.
