En nuestro editorial anterior instamos a la Asamblea Legislativa a “no firmarle cheques en blanco al Ejecutivo” y propusimos al Presidente Nayib Bukele “buscar alternativas a un mayor endeudamiento público”, entre las que mencionamos: desprivatizar las pensiones, renegociar la deuda externa, combatir la evasión y elusión tributaria, aprobar una reforma fiscal progresiva donde “paguen mas quienes tienen más” y reducir gastos superfluos (altos salarios, publicidad, etc.).

También mencionamos que, como condición de un préstamo de 389 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Administración Bukele ya se comprometió a incrementar el IVA, subir impuestos a los combustibles y “reducir el gasto público” en 900 millones de dólares anuales a partir de 2021.

Esta “benemérita” entidad financiera también viene “recomendando” desde hace varios años aumentar la edad de jubilación, reducir los montos de las pensiones, congelar salarios y -para que no la acusen de sólo proponer medidas regresivas- ha planteado retomar el impuesto patrimonial eliminado por el primer gobierno de ARENA en 1989.

Los compromisos que está adquiriendo el gobierno con instancias como el FMI en plena pandemia del COVID-19 no deberían pasar desapercibidos, pues significa que viene un nuevo ajuste de corte neoliberal que afectará negativamente a la mayoría de la población. Un incremento del IVA y de los impuestos a los combustibles subiría automáticamente los precios de todos los productos básicos; y una reducción del gasto público podría incluir despidos de empleados estatales, eliminación de subsidios y disminución de la inversión social.

La difícil situación económica y social post-pandemia requerirá medidas en sentido antineoliberal: políticas de redistribución de la riqueza (impuestos a los más ricos y mejores salarios para las/os trabajadores), rol más activo del Estado a la protección de los derechos de la gente y mayores niveles de inversión en políticas de protección a sectores vulnerables.

Sin embargo, la perspectiva gubernamental apunta en sentido contrario: hacia una profundización del modelo económico impuesto por los gobiernos de ARENA y que las administraciones del FMLN no pudieron o no quisieron cambiar. Ojalá que la población reaccione a tiempo: los gobiernos finalmente imponen las políticas que los pueblos permiten.

Sumado a los graves retrocesos en materia institucional y democrática, un nuevo ajuste neoliberal como el que se avizora en el nebuloso horizonte nacional hundiría al país un crisis económica y social sin precedentes. El Presidente Bukele representaría la mayor estafa de las últimas décadas, porque llegó al gobierno ofreciendo hacer algo distinto y terminaría actuando igual o peor que “los mismos de siempre”.

Ojalá, por el bien del país, esto no sucediera. Por eso, desde este espacio editorial, decimos: ¡NO al ajuste neoliberal!