Este día inició el proceso gradual de apertura a las actividades económicas y sociales, pactado semanas atrás por el Presidente Nayib Bukele con los que él considera “los principales empresarios del país”: Roberto Kriete (AVIANCA), Ricardo Poma (Inversiones Roble), Roberto Murray Meza (AGRISAL), Francisco Calleja (Súper Selectos), entre otros.

Es decir: el fin de la cuarentena domiciliar obligatorio que duró casi tres meses no responde a un dictamen técnico sanitario que indique que ésta ya no es necesaria, ni al clamor de la gente pobre que ya no aguantaba más el encierro; sino al lobby de los poderes económicos que presionaron tanto al Ejecutivo y como a la Asamblea Legislativa.

El final de la cuarentena, además, sucede en el momento de mayor número de contagios de COVID-19. El último informe oficial, al momento de escribir este editorial, reporta 76 personas fallecidas y 3,941 casos confirmados, datos que están en duda debido al conocido subregistro de casos.

El proceso de apertura está regulado en el Decreto 31 que promulgó el Presidente Bukele, quien rechazó la ley aprobada por la Asamblea y desobedeció la orden de la Sala Constitucional de no aprobar un nuevo decreto. Dicha disposición ejecutiva establece cinco fases de incorporación gradual de actividades productivas y eventos sociales, culturales y religiosos, que finalizarán en agosto próximo.

El inminente peligro de un incremento exponencial de contagios en las próximas semanas, obliga a extremar la prevención y el distanciamiento social. Y en este aspecto enfatiza este editorial: hoy más que nunca toda la población debemos cumplir las medidas preventivas para evitar un desborde de la situación y el regreso a una cuarentena mucho más estricta, como ha sucedido en otros países que emprendieron sin éxito la apertura.

También es necesaria la actuación ecuánime del gobierno y demás autoridades estatales: es reprobable cualquier negligencia o acto de mala fe tendiente a aumentar contagios para culpar por ello a los rivales políticos. En tal sentido, hacemos un llamado a la conciencia, a no jugar con la vida de la gente y a dejar de lado malévolas estrategias políticas o cálculos electorales.

Así mismo es necesario plantearnos nuevas pautas de conducta y estilos de vida para la post-pandemia: debemos ser personas más solidarias y menos egoístas, más humildes y menos prepotentes, más respetuosas y menos intolerantes, más austeras y menos consumistas…

Pero no sólo urgimos cambiar en nuestra vida cotidiana, sino que también necesitamos cambio de políticas en este país socialmente desigual, económicamente excluyente y ambientalmente deteriorado. Por tanto, debemos incidir en los proyectos gubernamentales y exigir transformaciones estructurales orientadas a construir un país justo, equitativo, incluyente, pacífico y sustentable.

Hoy más que nunca es pertinente una reforma fiscal progresiva donde “paguen más quienes tienen más”, renacionalizar las pensiones, aprobar la Ley General de Agua y demás demandas ciudadanas urgentes. Si al final de la pandemia del coronavirus no iniciamos la búsqueda de algo distinto, no habremos aprendido la lección.

Pongámonos, pues, a imaginar y a concretar esa “nueva normalidad” necesaria.