La semana pasada culminó, en la Audiencia Nacional de España, el histórico juicio contra el ex coronel Inocente Orlando Montano, el único procesado como autor intelectual de la masacre de los jesuitas y sus dos colaboradoras, perpetrada el 16 de noviembre de 1989, en el campus de la UCA.

La fiscalía española pide 150 años de cárcel, por el delito de “asesinatos terroristas”, para el ex viceministro de Seguridad y miembro del alto mando militar que decidió “eliminar a Ignacio Ellacuría sin dejar testigos”. El ex jefe castrense negó los hechos, no mostró arrepentimiento y mantuvo su animadversión hacia los sacerdotes masacrados.

En el célebre juicio, testigos confirmaron, entre otras cosas relevantes, la responsabilidad del ex presidente Alfredo Cristiani, el encubrimiento del ahora diputado Rodolfo Parker y la intromisión estadounidense, a través de personeros diplomáticos y miembros del FBI, en la pantomima judicial realizada en enero de 1992.

Ahora, mientras se emite sentencia en España (que debe ser condenatoria), la pregunta es si en El Salvador serán procesados Cristiani, Parker y los ex compañeros de Montano en el estado mayor: Humberto Larios, Rafael Bustillo, Orlando Zepeda y Francisco Elena Fuentes. ¿Tendrán, Fiscalía y Sistema Judicial, la decencia de enjuiciar a estos criminales de guerra y delincuentes de lesa humanidad?

También vale preguntar si ¿la Asamblea mantendrá su intensión de aprobar una nueva ley de impunidad que favorezca a los victimarios en vez de asegurar el derecho a la verdad, acceso a la justicia y reparación moral de las víctimas, como mandató la Sala Constitucional en julio de 2016 cuando derogó la ominosa ley de amnistía?

Finalmente, es oportuno preguntar al Presidente Nayib Bukele si estará a favor de la justicia o de la impunidad, en éste (masacre de los jesuitas) y demás casos de masacres, asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y otras violaciones graves de derechos humanos cometidas durante la guerra civil.

La pregunta es válida, pues la actuación presidencial en estos temas es contradictoria. Por ejemplo: Bukele quitó el nombre de Domingo Monterrosa del cuartel de San Miguel e invitó a familiares de víctimas de El Mozote a un banquete en Casa Presidencial, pero puso como viceministro de Defensa a un ex apoderado legal de los autores intelectuales de esa masacre e impidió el acceso a los archivos militares ordenado por el Juez que lleva el caso.

En relación al “Caso Jesuitas”, el mandatario permitió que -en julio de 2019- su ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, homenajeara al general Orlando Zepeda. El reconocimiento fue por el dudoso honor de ser veterano de la guerra de agresión contra Honduras en 1969.

Sin embargo, Bukele todavía puede corregir, permitiendo el acceso los archivos militares, revertiendo hechos que representan guiños a la impunidad, colaborando en las investigaciones e implementando verdaderas políticas de reparación para las víctimas y sus familiares.