Es altamente preocupante que, en el peor momento de la pandemia del COVID-19, el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa no logren ponerse de acuerdo sobre la aprobación de un marco legal para regular las acciones necesarias para contener el aumento de contagios.

Por un lado, el Presidente Bukele, siempre colérico, intolerante, tratando de “imbéciles” a los que disienten con sus posturas y empecinado en imponer una nueva cuarentena estricta y obligatoria; y por el otro, los diputados y diputadas, más sensatos y escuchando argumentos científicos, pero con cierta pasividad y actitud dilatoria, proponiendo cuarentenas focalizadas.

Frente a este prolongado impase en los “altos poderes” del Estado, varios gobiernos locales se han adelantado a tomar medidas por su propia cuenta: regulando la circulación, estableciendo cordones sanitarios y extremando medidas de prevención.

Las alcaldías de San José Villanueva (La Libertad), San Julián (Sonsonate), Sensuntepeque (Cabañas), La Unión y San Miguel, son algunas de las que, apelando a la autonomía municipal y a la urgencia de proteger a sus habitantes, han implementado o extremado medidas sanitarias.

Es aplaudible que, dada la grave irresponsabilidad, especialmente del Ejecutivo, las municipalidades tomen la iniciativa. Además de contar con un marco jurídico que permite su actuación, los gobiernos locales cuentan con estructuras organizativas para implementar estrategias efectivas de prevención: ADESCOs, comité municipal de protección civil, entre otros.

Por tanto, sería oportuno que -ante la intransigencia, la soberbia y la falta de diálogo presidencial- la Asamblea respaldara con decretos y asignación de recursos financieros directamente a los municipios, especialmente a aquéllos que registran más contagios.

Ante los graves peligros que enfrenta la población con el aumento de casos de COVID-19 y el cada vez más evidente colapso del sistema de salud, el país necesita salidas urgentes. En este sentido, la actuación de las alcaldías podría ser la alternativa viable ante el entrampamiento ejecutivo-legislativo.

Los gobiernos municipales -como dijimos antes- tienen autonomía legal para actuar, cuentan con organización territorial y la pluralidad política en la conformación de los concejos les otorga legitimidad plena para actuar.

Es, pues, el turno de las alcaldías.