En una entrevista con el escritor Jorge Galán, autor de la novela “Noviembre”, el ex presidente de la República, Alfredo Cristiani, reconoció que muchas de las pruebas que pudieran dar con los responsables de la masacre de los jesuitas fueron destruidas. El relato de esta quinta entrega va sobre el denominador común entre Galán, Bejamín Cuéllar y Antonio Rubio: los tres buscaron -desde diferentes perspectivas y ámbitos- reconstruir la historia, los personajes, documentos y pistas que llevaran a la verdad de lo que sucedió la madrugada del 16 de noviembre de 1989.
Por: Krissia Girón / Foto: AFP
El escritor Jorge Galán es autor de la novela “Noviembre”, la cual relata desde la planificación hasta la ejecución de los asesinatos de los sacerdotes jesuitas de la UCA, Elba y Celina Ramos. Además, habla de las negaciones posteriores sobre la responsabilidad de los hechos por parte de quienes administraron el gobierno en ese entonces, el FBI, la Embajada de Estados Unidos, militares, entre otros.
Galán también fue llamado a declarar ante la Audiencia Nacional. Ahí, relató que las entrevistas más importantes que realizó para la construcción de su novela histórica fueron con el padre José María Tojeira, el padre Jon Sobrino y el expresidente de al República, Alfredo Cristiani Buckard.
Las preguntas a Galán hechas por la fiscalía española, la querella, la acusación particular y la defensa de Montano buscaban conocer detalles sobre lo que el escritor habló con el ex presidente, uno de los señalados como autor intelectual del asesinato, por las diversas investigaciones realizadas en los años posteriores.
El escritor relató que llegó a Cristiani gracias a contactos que le conocían y a quienes comentó la realización del libro y lo importante que era para la reconstrucción de la historia una entrevista con él. Narró que el ex mandatario accedió cordialmente a dar la entrevista. Al llegar a su oficina, le explicó de qué trataba su encuentro, que iba a grabarlo y que todo lo dicho no se utilizaría bajo una interpretación, sino de forma literal. Estuvo de acuerdo.
“No tomábamos nada, estaba tranquilo y seguro de que quería tener esa conversación. Fumaba. Fue una conversación serena, no hubo ningún exabrupto”, comentó.
Entre las confesiones principales que el escritor recordó de la entrevista con Cristiani, durante la declaración ante la Audiencia Nacional de España fueron dos: La primera, que las grabaciones de la escuela militar habían sido destruídas y, por tanto, no tenían pruebas para llevar a la justicia a ningún actor intelectual; y la segunda, Cristiani respondió sí, al consultarle si había otros autores intelectuales más allá de Benavides, sobre la participación del Estado Mayor y confirmó, según Galán, que no solamente eran miembros de la “Tandona”.
En el juicio, el abogado querellante, Manuel Ollé, dio lectura a parte de la transcripción del audio de la entrevista realizada por Jorge Galán a Alfredo Cristiani y que, ahora, está en poder del juzgado.
“Cristiani se amparaba y repetía que lo que hay que hacer es tener pruebas, pero reconoce que desaparecieron, y en concreto utiliza una palabra que es “records”. Dice: “desaparecieron records de la Escuela Militar y eso no nos daba prueba para cumplir más allá”, ¿es así? Minutos después, usted le insiste y le repregunta la opinión sobre si habían más personas en la toma de decisión, no de Benavides para abajo, sino para arriba. ¿Usted recuerda si Cristiani le dijo, literal: “Yo tiendo a pensar que sí”?”, preguntó el abogado.
El escritor confirmó estas declaraciones.
Según la transcripción de la entrevista, relatada por Manuel Ollé, Cristiani habló también sobre la comisión creada para investigar los hechos en FENASTRAS. Cristiani dijo: “Nosotros queríamos crear una comisión imparcial. En esa época se vivía un tema muy serio en la forma de investigar los hechos. En primer lugar estaba la Policía Nacional que no era más que otra unidad debajo de las fuerzas armadas y casi la que habían convertido en otras unidades de combate”.
Ante la pregunta del abogado sobre si recuerda que Cristiani le dijo que no tenía confianza en la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos, que estaba llevando las indagaciones sobre el caso jesuitas, Jorge Galán dice que no lo recuerda, ya que la entrevista se realizó hace mucho tiempo y no volvió a escucharla. “Pero sí recuerdo que ese era el ambiente, sobre todo por el momento en que él me dice que habían destruido todas las pruebas acerca del asesinato y que por eso no tenían manera de enjuiciar”, dijo.
Cristiani también afirmó, según el abogado: “Ese día miércoles en la noche, el general Larios, en una reunión del alto mando, me dijo que ya no quedaba población y si ya podíamos usar fuerza aérea y caballería”.
Ante la pregunta de Jorge Galán sobre si sabía que iban a atacar a los cabecillas del FMLN, Cristiani le contesta que antes no. “Posterior a las investigaciones yo le pido al coronel Rivas, conociendo la costumbre de los militares que todos andan con su agenda y anotan todo en las reuniones, que pidiera todas esas agendas y que empezara a buscar ahí. Ahí es donde resulta que en algunas de ellas aparece que tenían que actuar en contra de los cabecillas del FMLN”, dijo el ex mandatario, según la transcripción de la entrevista.
En la madrugada anterior, Cristiani le reconoce a Galán que estuvo hasta tarde en el Estado Mayor.
Cristiani le dice que habían dos teorías: una, que había sido el FMLN y otra, que habían sido las FFAA. Él habla con Rivas, el jefe de la CIHD para que investigue las hipótesis. “Luego se dan cuenta de que hay un dicho que dice ‘chucho no come chucho’, es decir, la policía no iba a actuar en contra de un policía o que las fuerzas armadas no iban a actuar en contra de un oficial”, dijo el abogado Ollé.
Jorge Galán agrega que le preguntó si había sido la Tandona en específico quienes habían dado la orden, “me dijo que no solo a ellos, y mencionó otros nombres”, dijo. Recuerda que mencionó al coronel Bustillo, que era el director de la Fuerza Aérea, entre otros.
“Sobre si el Estado Mayor había estado detrás del crimen, aunque no mencionó nombres específicos, pero dijo que sí”, aseguró Galán.
Cristiani comentó al escritor que se había enterado del asesinato muy temprano en la mañana cuando le avisaron, que había estado en reuniones con el Estado Mayor antes al asesinato, pero que nadie le había comentado sobre el operativo.
Jorge Galán también dijo que la publicación del libro le valió amenazas, insultos y una serie de reacciones negativas que lo llevaron a exiliarse en España. “Nunca me había enfrentado a una reacción tan viceral, incluso de gente que conocía”, recordó.
Entre otras cosas “extrañas”, Galán recibe, en ese contexto, un correo electrónico en donde le invitaban a un lugar de militares para una reunión. Ni antes ni después había recibido una invitación para una reunión de militaresy el correo era firmado por el coronel Orlando Zepeda. No asistió.
En el marco de la fase de instrucción del caso sobre el asesinato de los jesuitas en España y de las indagaciones realizadas por mandato del juez Eloy Velasco, el escritor recibió una llamada donde “le ofrecieron algo” por no entregar la grabación del presidente Cristiani al juzgado. “Le informé al juez Velasco en el momento. Según me dijeron era una llamada de El Salvador, se me invitaba a que no entregara a la Audiencia la grabación, se me ofrecía algo por no hacerlo. La persona se identificó y que llamaba a título personal”.
Jorge Galán afirma que “Noviembre” es un libro de no ficción, que solamente hace uso de la ficción para recrear y ambientar. Todos los hechos están basados en la serie de investigaciones, informes y entrevistas en torno al tema.
“Lo escribí porque me pareció una historia que debía contarse, me daba cuenta de un hecho que -salvo la UCA- se hacía muy poca referencia. Me parece que es una historia muy importante para el país que carece de memoria histórica”, dijo.
Afirma que su impresión sobre la relación entre Ellacuría y Cristiani es que era muy cordial. Al preguntarle el escritor sobre por qué asistió al sepelio del sacerdote, el ex presidente le responde que “es lo natural que se hace cuando se aprecia a una persona”. “Me comentó también que desde antes de tomar posesión había hablado con Ellacuría porque quería que él sirviera de mediador entre el gobierno y el FMLN en un diálogo en búsqueda de la paz”, expresó.
La “paz” era un tema escabroso a finales de los 80. Según la declaración del padre José María Tojeira, todos los que hablaban de paz eran enemigos públicos, sobre todo para los grupos de extrema derecha y en apoyo a la causa militar.
La interminable búsqueda de verdad y justicia
Benjamín Cuéllar tiene una larga trayectoria en la defensa de derechos humanos y el seguimiento a casos de violación a éstos, sobre todo los cometidos durante la guerra civil. Fue director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) de 1992 a 2014.
En marzo del año 2000, la UCA interpuso una denuncia en la Fiscalía General de la República contra los autores intelectuales del asesinato de los jesuitas, entre ellos, el ex presidente Alfredo Cristiani, acusado de encubrimiento de los hechos y de “asesinato por omisión”.
“Siempre consideramos que los autores materiales eran prescindibles. Podía ser cualquier otra tropa contra 6 sacerdotes desarmados, pacíficos y dos mujeres que también terminaron asesinando. Pero los autores imprescindibles eran aquellos que dieron las órdenes y encubrieron la matanza. A esos había que sancionar”, declaró Cuéllar ante la Audiencia Nacional de España.
El primero en la lista, según Cuéllar, es el comandante general de la Fuerza Armada y presidente de la República de ese entonces, Alfredo Cristiani, por encubrir el hecho a partir de acciones como la creación de una Comisión de Honor, enviando una delegación oficial a Europa y Estados Unidos para decir que había sido el FMLN el autor del crimen, entre otras.
Ante la fiscalía Española, Benjamín Cuéllar hace un recuento de nombres señalados como autores intelectuales de los hechos, mismos que se han repitieron una y otra vez durante los primeros 5 días del juicio, en la sala 1 de la Audiencia Nacional española: “Le siguen el Ministro de la Defensa, gral. Rafael Humberto Larios; el viceministro de Defensa, gral. Orlando Zepeda; viceministro de Seguridad Pública, cnel. Inocente Montano; jefe del Estado Mayor, René Emilio Ponce; jefe de la 1a Brigada de Infantería, cnel. Francisco Elena Fuentes y el comandante de la Fuerza Aérea, el general Bustillo”.
Estos nombres también coinciden con el resto de investigaciones en torno al caso, como el Informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, la investigación de la Comisión Mockley, las indagaciones propias del IDHUCA, entre otros. “Antes de presentar la demanda, hicimos gestiones sobre el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hasta que logramos que esta emitiera su informe de fondo el diciembre de 1999, que fue la base para la demanda”, dijo.
El informe de la CIDH concluyó que el Estado “ha faltado a su obligación de investigar en forma diligente y eficaz las violaciones ocurridas, así como a su obligación de procesar y sancionar a los responsables a través de un proceso imparcial y objetivo como lo exige la Convención Americana”.
El organismo dijo que había una obstrucción a la justicia por parte de las mismas instituciones del Estado. Recomendó al Estado salvadoreño la investigación completa, imparcial y efectiva del caso, a fin de juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales, reparar integralmente las consecuencias de estas violaciones y adecuar su legislación interna a los preceptos de la Convención Americana.
Informe-CIDH-Caso-Jesuitas-El-Salvador-10.488La demanda también basó su argumento en el conflicto entre la Ley de Amnistía con, precisamente, la Convención Americana de Derechos Humanos y con la Constitución de la República, en cuanto a la protección de derechos fundamentales y los delitos no amnistiables de algunos actores.
UCA-Jesuits-Case-Instituto-de-Derechos-Humanos-de-la-UCA-Criminal-Complaint-27-03-2000SSin embargo, el Fiscal General de ese entonces, Belisario Artiga, le dijo a la UCA que no podía proceder hasta que la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, resolviera una demanda de inconstitucionalidad contra dicha normativa.
FISCALIA-UCA-Jesuits-Case-El-Salvador-Prosecutor-Office-Prosecutors-response-12-Abril-2000La Sala respondería ese mismo año, en el mes de septiembre. Dijo que la Ley era constitucional “pero que habían 2 excepciones”, según el relato de Cuéllar. “Una sobre los derechos fundamentales y otra que no permitía la auto amnistía, es decir que unos funcionarios del gobierno en ejercicio pudieran ser amnistíados durante ese ejercicio gubernamental”, explicó. En esa, la Sala dejó la responsabilidad de determinar en qué casos podían operar estas excepciones.
Ante esto y la insistencia de las organizaciones sociales, el fiscal Artiga, presentó una demanda ante un tribunal que no era el correspondiente, por lo que fue rechazada. “En ese requerimiento el fiscal pedía investigación, juicio y castigo para los responsables”, recordó Cuéllar.
“Posteriormente, cuando el juez le devolvió la demanda al fiscal, diciéndole que no era el juez pertinente, el fiscal lo presentó a un juzgado de paz. Y ahí, el 12 de diciembre del 2000, la jueza en la audiencia inicial declaró el sobreseimiento a los demandados por la prescripción de la persecución penal del delito, no por la amnistía, ya que dijo que no podían ser amnistiados”, detalló.
El ex director del IDHUCA explicó que en el artículo 35 del Código Procesal Penal, una de las causales para suspender el plazo de la prescripción de un delito es cuando exista un impedimento legal o constitucional para poder investigar. “Ese impedimento duró 7 años y se llama amnistía. Mientras estuvo vigente, no se podía hacer nada”, declaró.
Una historia que cambió desde el 13 de julio de 2016, cuando la Sala de lo Constitucional declara la Ley de Amnistía como inconstitucional.
El abogado defensor del coronel Montano, Jorge Agüero, trató de evidenciar una supuesta contradicción al consultar sobre los informes e investigaciones utilizados para presentar la demanda del año 2000, ya que, afirmó, en el informe de la Comisión Mockley no menciona a Inocente Montano como posible autor intelectual de la masacre. Sin embargo, Benjamín Cuellar expresó que debe tomarse en cuenta que es el único informe que no habla del exmilitar.
El abogado defensor señaló que, en su testimonio en la fase de instrucción de este proceso, el padre Tojeira declaró que se habían encontrado armas cerca de un jardín en la casa de retiro de la Compañía de Jesús, pero Cuéllar afirmó desconocer el hecho.
El documento perdido
Antonio Rubio Campaña es periodista del periódico El Mundo, en España. En 2009 publicó en un artículo el manuscrito del general Guillermo Benavides, ese que detalla quién fue el “grupo decisorio” en el operativo del 16 de noviembre de 1989 y que llevó la muerte a los sacerdotes jesuitas, Elba y Celina Ramos.
El documento le fue proporcionado por el ex embajador de España en El Salvador, Fernando Álvarez de Miranda. “Después de varias visitas, después de varios cafés, después de varios encuentros, después que él pudiera acreditar quién era yo y a qué me dedicaba y cómo trabajaba, creo que se abrió”, relató el periodista.
“Un día en su casa, tomando café, me hizo una reflexión: que como cristiano tenía la obligación de ayudar. Entonces me sacó el documento en cuestión y fue cuando comenzamos a movernos, a trabajar y a ver qué había detrás”, comentó.
Al ex embajador le entregaron el documento después del juicio celebrado en El Salvador contra los acusados del asesinato, en 1990. Tanto él como Rubio Campaña empredieron la búsqueda del dueño del manuscrito, la realidad de lo que ahí estaba escrito y la existencia de sus personajes. En ese contexto también se da una desclasificación de documentos de la CIA que confirmaron algunos de los hechos del manuscrito.
Este documento fue mostrado ante el ex militar Yushsy René Mendoza, quien dijo que se trataba del diario del general Guillermo Benavides, quien ya le había hablado del mismo en la cárcel. Además, el padre José María Tojeira, afirmó que dos personas de la Comisión de la Verdad le dieron una fotocopia del texto. Este, junto con la carta que Mendoza envió a Tojeira, se “extraviaron”.
Durante el juicio histórico, que ha durado 7 días, ha desfilado una serie de pruebas entre documentales y testimoniales, las cuáles deberán ser analizadas por la Audiencia Nacional de España, para emitir una sentencia.
