Las revelaciones en el célebre juicio sobre la masacre de los seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras, que se realiza en la Audiencia Nacional de España, confirman al ex presidente de la República, Alfredo Cristiani (1989-94), como presunto autor intelectual de ese horrendo crimen de lesa humanidad, perpetrado la madrugada del 16 de noviembre de 1989, a finales de la cruenta guerra civil salvadoreña.

Era obvio que, como Comandante General de las Fuerzas Armadas, el entonces presidente Cristiani debió autorizar o, al menos, “estar enterado” de la decisión del alto mando militar de “eliminar al padre Ignacio Ellacuría sin dejar testigos”; pero el ex gobernante arenero siempre lo negó y el Estado (Fiscalía y tribunales) lo protegieron, logrando el “Presidente de la Paz” (llamado así por sus partidarios) permanecer impune hasta estos días.

Sin embargo, la semana pasada el ex teniente Yusshy René Mendoza, quien pasó de acusado a testigo criteriado, declaró que Cristiani sí fue informado de la decisión de la cúpula castrense y que, al no emitir ninguna contraorden, avaló el asesinato de Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López y López, y sus dos colaboradoras Elba Ramos y su hija Celina de 16 años.

Mendoza, entonces oficial de la Escuela Militar, acompañó -por orden de su superior coronel Alfredo Benavides- al pelotón de soldados del tenebroso Batallón Atlacatl que entró al campus de la Universidad Centroamericana “José Simón Cañas” (UCA) a cometer la masacre.

En sentido complementario al ex militar, los ex fiscales Henry Campos y Sidney Blanco confirmaron en su declaración la participación del ex presidente Cristiani en la reunión del Estado Mayor realizada horas antes del asesinato de los jesuitas y en la cual se habría tomado la macabra decisión.

El testimonio del ex teniente Mendoza también confirma al actual diputado Rodolfo Parker como encubridor de los responsables intelectuales del crimen. El ex militar reveló las presiones de Parker, entonces asesor legal del ejército, para evitar que, en su testimonio ante la “Comisión Investigadora de Hechos Delictivos”, involucrara a los miembros del alto mando castrense.

En este sentido, Mendoza confirma la versión del Informe de la Comisión de la Verdad de la ONU que acusó a Parker de borrar evidencias y manipular declaraciones para encubrir a la cúpula militar integrada por los generales Rafael Humberto Larios (ministro  de la Defensa), René Emilio Ponce (jefe del Estado Mayor), Juan Rafael Bustillo (comandante de la Fuerza Aérea) y Juan Orlando Zepeda (viceministro de Defensa), así como los coroneles Inocente Orlando Montano (viceministro de Seguridad Pública) y Francisco Elena Fuentes (comandante de la Primera Brigada de Infantería de San Salvador).

De todos estos criminales de guerra, delincuentes de lesa humanidad y graves violadores de los Derechos Humanos, únicamente el ex coronel Montano está enjuiciado en España, tras ser deportado -irónicamente- desde Estados Unidos. Irónicamente, porque -además del apoyo militar (el millón de dólares diarios durante más de una década y el entrenamiento de soldados en la Escuela de Las Américas), testimonios en el juicio en España también señalan el encubrimiento del crimen por parte de la embajada estadounidense  y miembros del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés).

Ojalá que las revelaciones en el juicio contra Montano hagan resonar las campanas de la justicia en El Salvador y que ésta toque pronto las puertas del ex presidente Cristiani, de los demás miembros del Estado Mayor (excepto Ponce que ya murió) y.. del flamante diputado Parker.

 Ojalá que así sea.