Organizaciones de derechos humanos, pro-memoria histórica y de familiares de víctimas de graves violaciones a derechos humanos cometidos durante la guerra civil reclamaron, esta semana, a la Asamblea Legislativa, por no aprobar una ley de reconciliación, después de cuatro años de derogada la Ley de Amnistía.

Recordemos que esa ominosa normativa -que constituía un manto de impunidad, protección para los victimarios y una ofensa para las víctimas- fue declarada inconstitucional en julio de 2016; y en su sentencia, la Sala ordenó a la Asamblea aprobar una ley que asegure el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y la dignificación de las víctimas.

La Asamblea, sin embargo, ha intentado varias veces aprobar un ley que no cumple con los lineamientos de la Sala y continúa protegiendo a los victimarios. En febrero de este año aprobaron una que fue vetada por Nayib Bukele, un acto presidencial más de demagogia politiquera que de un compromiso real con la causa de las víctimas.

Al reclamo de las organizaciones de derechos humanos, se suma el de movimientos ambientalistas que cuestionan al Parlamento por no aprobar la Ley General de Agua, a pesar de la necesidad urgente de contar con una normativa frente a la grave crisis de los bienes hídricos.

Y éstas son sólo dos omisiones legislativas que muestran una grave irresponsabilidad de las y los diputados. La Asamblea tampoco aprueba leyes contra la evasión tributaria, de soberanía alimentaria, para despenalizar el aborto en las causas que platean las organizaciones feministas, entre otros temas relevantes.

Incluso, en el actual contexto de la pandemia del COVID-19, el Congreso equipara su nivel de irresponsabilidad con el Ejecutivo: mientras la Administración Bukele se quedó como disco rayado exigiendo una nueva cuarentena estricta, los diputados no aprobaron ninguna regulación alternativa.

Luego de reunirse con representantes del Colegio Médico, instancias académicas y expertos epidemiólogos, los legisladores propusieron cuarentenas focalizadas o cinturones sanitarios en los municipios con mayor número de contagios; pero -finalmente- no aprobaron nada, evidenciando así una actitud negligente, indolente e irresponsable, igual que el Ejecutivo.

Desde este espacio editorial, instamos a los diputados y diputadas a corregir las graves omisiones señaladas y a cumplir con su mandato constitucional de legislar para resolver los problemas del país.