En el marco del Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada, CONABÚSQUEDA y la OACNUDH presentaron un informe que revela los factores comunes, modus operandi y perpetradores de este delito en El Salvador en los años 70’s y 80’s. A juicio de organismos internacionales, este crimen impacta tanto a las víctimas como a sus familiares y seres queridos, quienes llevan un peregrinaje de búsqueda de sus restos durante más de 30 años.

Por: Krissia Girón/ Foto: El Mañana

“A CODEFAM llegaron muchas personas a poner las denuncias de sus desaparecidos. Íbamos a los cuarteles, a los hospitales, a los penales, adónde no fuimos. Cuando llegábamos a los cuarteles nos decían: ‘¿qué vienen a hacer viejas piricuacas? ¡Váyanse, sino ustedes van a quedar aquí’. Y así fue la búsqueda en diferentes lugares. No pudimos encontrar ni siquiera a una persona”.

Madre Guadalupe Hernández recuerda como desde el Comité de Familiares de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en El Salvador Marianella García Villas, CODEFAM, se realizaron acciones de búsqueda e incidencia por las víctimas de desaparición forzada antes y durante la guerra civil en El Salvador. Una lucha que ha permanecido a lo largo de la postguerra, ante la falta de respuestas desde el Estado.

Sobre esto, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el Contexto del Conflicto Armado de El Salvador (CONABÚSQUEDA) y la Oficina Regional para América Central, Panamá y República Dominicana del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), presentaron el informe: “La Desaparición Forzada en el Contexto del Conflicto Armado de El Salvador. Una primera aproximación al fenómeno”, en el marco del día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas, conmemorado cada 30 de agosto.

El presidente de CONABÚSQUEDA, Manuel Acosta, expresó que este documento es un primer diagnóstico sobre la desaparición forzada en El Salvador, cometida por agentes del Estado entre los años 70’s y 80’s. “La desaparición forzada es uno de los delitos que más daño hace al ser humano. La esperanza de que aún estén vivos se convierten en una tortura permanente”, dijo.

“Reiteramos la validez de buscar a quienes desaparecieron. Esa búsqueda ha sido liderada por las y los familiares y ha estado marcada por la ausencia en la agenda del Estado. Pedimos se apoyen los esfuerzos de ellas y ellos para encontrar a sus familiares. Esto contribuye a la verdad y la reconciliación en El Salvador”, expresó.

La co autora del estudio y especialista en seguridad, Jeannette Aguilar, explicó algunos datos reflejados en la investigación, como los reportados por el Socorro Jurídico Cristiano, desde 1966 hasta 1982. “El común denominador es que las víctimas no aparecieron ni vivas ni muertas. Esta es la tipología que se encontró en las personas que estaban en centros de detención”, expresó Aguilar.

“También surgieron desapariciones perpetradas por miembros de la guerrilla, hacia adversarios políticos y miembros de sus propias organizaciones político militares”, explicó.

Aguilar detalló que el proceso de detención-desaparición se realizó por pasos iniciando por la detención ilegal, luego el cautiverio y finalizando con la ejecución y ocultamiento de los restos de las víctimas. “Durante el cautiverio se describen celdas de metro y medio, las víctimas estaban desnudas y sometidas a torturas, violaciones sexuales y otros tratos degradantes”, expresó.

“Los perfiles fueron difusos. Habían opositores, sindicalistas, obreros, amas de casa, etc. Estamos hablando de un perfil amplio donde cabía cualquiera que fuera considerado opositor”, dijo.

Sobre los perpetradores, explicó que existieron grupos como los extintos Cuerpos de Seguridad, grupos paramilitares, miembros de la Fuerza Armada, entre otros.

Jeannette Aguilar concluyó que todos estos hechos no fueron acciones aisladas de grupos paramilitares. Se trató de una estrategia de la política contra insurgente, con el apoyo de todo el aparato del Estado. Hay una responsabilidad ineludible de todo el Estado salvadoreño. “Es importante señalar es que estas estrategias no solo buscaban eliminar individuos, opositores y enemigos, sino instaurar el terror y paralizar a la sociedad salvadoreña en su conjunto”, expresó.

Aguilar afirmó que esta investigación también se aproxima a los impactos psicosociales de las víctimas y que han permanecido en la sociedad salvadoreña. Agregó que, pese al avance en el reconocimiento social al crear los mecanismos nacionales de reparación como la CNB y la CONABÚSQUEDA, “sin un apoyo técnico, financiero y político por parte del Estado, podría defraudar a las víctimas, sobre encontrar los restos de sus seres queridos y peor aún, existe el riesgo de deslegitimar mecanismos de reparación que han constituido una deuda histórica a lo largo de la posguerra”, expresó.

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Para la coordinadora residente de Naciones Unidas en El Salvador, Birgit Gerstenberg, la desaparición forzada es “un crimen continuado”, ya que las y los familiares mantienen la esperanza de encontrar a las víctimas y tienen dudas no esclarecidas. “También tiene un carácter continuado cuando el encubrimiento de los responsables por parte de las estructuras del Estado permanece en el tiempo”, expresó.

Agregó que “la mentira institucionalizada, la negación de los hechos y el ocultamiento de la detención o de los restos de las personas por parte de las autoridades es otro agravante. Esta actitud hace que los tiempos que necesita una sociedad para reponerse de estos crímenes se prolonguen”.

Alberto Brunori, representante para América Central y República Dominicana de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que, al no conocer el paradero de la persona, nace la angustia, el duelo se altera y no logra desarrollarse en quienes han perdido a un ser querido. “El dolor de las y los familiares es tan grande, que la Corte IDH en todos los casos de desaparición forzada son víctimas también de un trato cruel e inhumano”, dijo.

“La desaparición forzada también es un problema humano que genera una victimización transgeneracional, donde no solo los padres buscan a sus hijas e hijos, sino también, abuelas, hijos, nietos y nietas”, expresó.

El Relator Especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia y Garantías de no repetición de Naciones Unidas, Fabian Salvioli, expresó que la defensa pública ante los Estados miembros de Naciones Unidas del informe sobre su visita a El Salvador será el 16 de septiembre.

Salvioli hizo un llamado a investigar y sancionar a los perpetradores, así como reparar a las víctimas. “Hay que abstenerse de adoptar normas de impunidad y el poder judicial debe aplicar el derecho internacional sobre derechos humanos, si eso no se realiza no será posible una paz verdadera, justa y estable”.

Pese a las solicitudes de organizaciones sociales, El Salvador aún no declara el 30 de agosto como día nacional de las víctimas de desaparición forzada, algo que para sus familiares es parte de la reparación y garantías de no repetición de estos hechos.