Desde la semana pasada se realiza en Inglaterra un juicio contra el periodista, programador y activista australiano Julian Assange, donde se decidirá sobre la petición del gobierno de Estados Unidos de extraditarlo para juzgarlo por 18 de delitos de espionaje y conspiración y -seguramente- condenarlo a 175 años de cárcel.

Julián Assange es fundador de Wikileaks, la plataforma digital que ha publicado información sobre actuaciones delictivas y anti-éticas de grandes potencias, principalmente Estados Unidos. En 2010, reveló detalles sobre crímenes de las fuerzas militares estadounidenses en Irak y Afganistán, así como miles de documentos que mostraron el modus operandi de la diplomacia norteamericana basado en mentiras, presiones, chantaje y corrupción.

Así que el crimen de Assange fue revelar información relevante sobre la conducta criminal y graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la principal potencia económica, política y militar del mundo, que se presenta hipócrita y falazmente como el paladín de la libertad y la democracia.

La farsa jurídica contra el comunicador australiano empezó cuando autoridades suecas le imputaron dudosos delitos sexuales en 2010, que después le fueron retirados. El 19 junio de 2012, ante el peligro de ser extraditado a Suecia y -desde ahí- hacia Estados Unidos, se refugió en la embajada de Ecuador en Londres, donde permaneció siete años.

El 11 de abril de 2019 la policía británica entró a capturarlo, con el aval del presidente ecuatoriano Lenín Moreno, quien violentó el principio de “no devolución” que impide entregar a un asilado cuando está en riesgo su vida o integridad. Moreno también violentó la Constitución y leyes de su país, pues Assange tiene la nacionalidad ecuatoriana.

Assange fue encerrado en una cárcel de máxima seguridad y ha sido objeto de sistemáticas torturas psicológicas, denunciadas por el abogado suizo Nils Melzer, Relator Especial de la ONU sobre Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El proceso ha sido tan irregular que ni siquiera sus abogados han tenido acceso.

Dos cosas están claras en este juicio inventado y amañado. Una es que se trata de una represalia o castigo contra Assange, por haber publicado información crítica sobre el gobierno estadounidense; y la otra es que la posible extradición y condena del periodista australiano en suelo norteamericano es un atentado con la libertad de expresión y el derecho a la información: sería, por tanto, un atentado contra el periodismo y la democracia.

En este espacio editorial respaldamos a Julian Assange y condenamos el actuar de las autoridades suecas, británicas, ecuatorianas y -especialmente- estadounidenses. Nuestro rechazo es también para el cobarde gobierno australiano que se negó a defender a un ciudadano suyo de las arbitrariedades de países extranjeros y para los medios hegemónicos que tras lucrarse de las revelaciones de WikiLeaks ahora guardan silencio.

La infame acción judicial contra Julian Assange debe ser rechazada por los periodistas de todo el mundo y por la ciudadanía global. Sólo una fuerte movilización mundial podría evitar esta injusticia.