La cúpula militar -encabezada por el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, el Estado Mayor Conjunto y su Comandante General, el Presidente Nayib Bukele- no permitió este día el inicio de las inspecciones de los archivos militares.

La comitiva dirigida por el juez de instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, fue impedida de realizar esta diligencia central en el histórico juicio por la masacre de El Mozote y necesaria para conocer la verdad en otros delitos de lesa humanidad cometidos por la Fuerza Armada antes y durante la guerra civil.

El referido bloqueo gubernamental es grave, pues constituye desacato a una orden judicial por parte del Presidente Bukele, el ministro Merino Monroy y compañía. Dichos funcionarios castrenses también cometen actos arbitrarios, incumplimiento de deberes y otros ilícitos penales que no deben quedar impunes.

La semana pasada el ministro de la Defensa acudió al pleno de la Corte Suprema de Justicia para intentar frenar la diligencia ordenada por el juez Jorge Guzmán. Merino Monroy alegó a los magistrados que “abrir los archivos (de hace 40 años) pone en riesgo la seguridad nacional”, lo mismo que había argumentado un representante de Casa Presidencial en la audiencia preparatoria de las inspecciones efectuada el pasado 28 de agosto.

En marzo de este año, la administración Bukele también impidió que comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) accedieran a los archivos militares relacionados con las intervenciones en la Universidad de El Salvador (UES), la masacre estudiantil de 1975 y el asesinato célebre ex rector Félix Ulloa (padre del actual vicepresidente de la República) perpetrado en 1980.

La no apertura de los archivos militares también contradice el discurso presidencial sobre la verdad y las víctimas: en junio de 2019 el Presidente Bukele se comprometió a colaborar para esclarecer la verdad y “sanar la heridas que aún están abiertas por falta de justicia”; y en noviembre del mismo año aseguró que los archivos se abrirían “de la A a la Z” porque su gobierno -dijo- está “comprometido con la verdad”.

En días previos a la interpelación de Merino Monroy realizada en la Asamblea Legislativa el pasado 21 de agosto, Casa Presidencial difundió una intensa campaña publicitaria en televisión y redes sociales sobre la “nueva Fuerza Armada”. El video -que el presidente Bukele compartió en su cuenta de Twitter- mostraba una institución castrense joven, moderna y con proyección, vocación y mística de servicio social.

Sin embargo, el bloqueo a las inspecciones de los archivos militares muestra a una Fuerza Armada que se opone al conocimiento de la verdad, comulga con la impunidad y es incapaz de distanciarse de su pasado oscuro, represivo y criminal.