Recientemente se conoció que la Iglesia Católica salvadoreña restableció sus responsabilidades pastorales a Leopoldo Sosa, sacerdote acusado de abuso sexual contra un menor de edad, bajo el argumento de que la víctima -quien tenía 17 al momento del abuso- ya era considerada “mayor de edad” según las leyes de la iglesia. La teóloga feminista, Alejandra Burgos, afirma que se hizo una interpretación errada del derecho canónico.

Por: Krissia Girón/ Aportes de Josseline Roca/ Foto (Referencia): ABCandalucia

La iglesia católica levantó la suspensión de actividades sacerdotales a Leopoldo Antonio Sosa Tolentino, acusado de abuso sexual en menor de edad, anunció el Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas.

La razón, según la iglesia, es que en el proceso canónico encontraron que, “eventualmente”, cuando sucedieron los hechos, el “denunciante tenía 17 años y en ese momento la normativa canónica establecía que a los 17 años la persona ya era mayor de edad”.

“La Congregación para la Doctrina de la Fe determinó no continuar con el proceso, indicando al obispo imponer las medidas oportunas, haciendo uso de su potestad, inherente al gobierno de la diócesis, para luego ser rehabilitado en su sacerdocio”, dijo el religioso.

Sin embargo, para la teóloga feminista y activista de derechos humanos, Alejandra Burgos, se ha hecho una interpretación errónea del derecho canónico, ya que, según dice, esta normativa eclesial sí contempla la mayoría de edad desde los 18 años.

“Hay un error, el inciso número 1 del canon 96 determina que la mayoría de edad se reconoce a partir de los 18 años. Me parece que es absolutamente reprochable y el mensaje (que se envía) es de respaldo a la impunidad y a la pederastia en los casos de abuso sexual cometidos por una autoridad religiosa, en este caso un sacerdote católico, pero que también han ocurrido este tipo de hechos en otras denominaciones religiosas”, dijo la activista a la Red Informativa de ARPAS.

Para Burgos, la decisión del prelado católico es un hecho que debe ser rechazado por la feligresía, ya que constituye un acto “anti religioso y anti cristiano”, por lo que invita a la feligresía a estar del lado de víctimas y sobrevivientes.

“Lo que se está haciendo, al levantarle el castigo y retornar a las labores pastorales de este sacerdote, es colocar a otros niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. El mensaje que se está enviando es, justamente, que es posible seguir cometiendo estos hechos y quedar en total impunidad”, expresó.

Por ello, considera que, independientemente de la edad, también existe un grado de coacción y amenaza que se ejerce desde una autoridad religiosa hacia grupos vulnerables. “En este sentido me parece que la mejor forma de actuar por parte de la iglesia sería retirar totalmente el respaldo a estas personas y dejar que sean sometidas al escrutinio legal para eso tenemos suficiente marco jurídico nacional para que estas personas sean juzgadas y que todo el peso de la ley recaiga sobre ellas y no ser juzgadas del marco del derecho canónico”, dijo.

Agregó que “así como sucede en el marco jurídico de quitar el fuero a las personas que sean funcionarios públicos, ese mismo sentido debería de quitarse el fuero canónico o la permisividad que le da a las personas vinculadas a las autoridades religiosas y que deberían ser juzgados como cualquier otro ciudadano o ciudadana”.

El 4 de noviembre de 2019, el Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luís Escobar Alas, anunció que Leopoldo Sosa Tolentino fue separado de su cargo como sacerdote por una denuncia de abuso sexual, ocurrida hace 20 años.