El desempeño de Nayib Bukele y su gobierno ya no sólo se caracteriza por actitudes autoritarias, intransparentes y antidemocráticas, como irrespetar la independencia de poderes, violentar el derecho de información, atacar a la prensa y negarse a rendir cuentas; sino también por acciones que constituyen delitos sancionados en el Código Penal y otras leyes: desacato, incumplimiento de deberes, actos arbitrarios, entre otros.

Durante la pandemia el gobierno incumplió resoluciones judiciales y citatorios legislativos; y recientemente hubo dos hechos de extrema gravedad: uno fue la desobediencia de la Policía Nacional Civil (PNC), ante órdenes de la Asamblea y de Fiscalía; y el otro es la no transferencia de fondos para pagar salarios en la Asamblea y el FODES a las alcaldías, por parte del Ministerio de Hacienda.

En el primero, la PNC se negó a llevar por apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para rendir cuentas sobre el destino de los fondos públicos durante la pandemia ante la comisión legislativa que da seguimiento a la emisión de deuda pública. El director policial Mauricio Arriaza Chicas se tomó atribuciones que no tiene y determinó que la comparecencia del funcionario ante los diputados “no estaba justificada”.

La Policía también incumplió una orden del fiscal general, Raúl Melara, de desalojar a un grupo de manifestantes que bloqueaban la entrada al relleno sanitario de Nejapa y que estaban generando una crisis sanitaria en San Salvador. Esto es incumplimiento de deberes.

Lo anterior es grave, pues la Policía no es un batallón presidencial o un cuerpo de seguridad sometido a los intereses del Ejecutivo, sino que -por ley- coordina, colabora y “recibe órdenes” de otras instancias estatales: Fiscalía, tribunales de justicia, Asamblea Legislativa. Esta desnaturalización de la PNC es otro grave retroceso institucional y democrático en la administración Bukele, además de la instrumentalización política de la Fuerza Armada que hemos señalado en otros editoriales.

Y en el segundo hecho, Hacienda -seguramente por órdenes presidenciales- decidió -en un claro acto de represalia, presión y chantaje- negar recursos presupuestarios al Parlamento y a las municipalidades. La no entrega del FODES a las comunas, posiblemente también responda a un objetivo electoral de debilitar la gestión de alcaldes que buscan la reelección. En todo caso, Zelaya incurre en incumplimiento de deberes y actos arbitrarios.

Los hechos señalados deberían provocar una profunda reflexión ciudadana sobre el grave deterioro de la institucionalidad y el estado de derecho que va consumándose en el país. Como dijimos al inicio, la conducta gubernamental ya no sólo es antidemocrática, sino que ahora comete actos que constituyen delitos.

Ojalá que la población reaccione a tiempo.