La Asamblea Legislativa aprobó la semana pasada una reforma constitucional que reconoce el derecho humano al agua, medida que ha sido impulsada desde hace más de una década por organizaciones ambientalistas, la UCA y la Iglesia Católica.

La reforma aprobada al Art. 2 de la Constitución establece que “toda persona tiene derecho a la vida, al agua y su saneamiento, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos”.

También se reformó el Art. 69 determinando que “es obligación del Estado crear políticas públicas y leyes que garanticen a todos los habitantes agua salubre, suficiente, accesible y asequible, así como el aprovechamiento y preservación de los recursos hídricos. El agua constituye un bien público”.

Hay que decir que es positivo el reconocimiento del derecho al agua y que es aplaudible el esfuerzo de las organizaciones e instituciones promotoras de esta iniciativa. Sin embargo, hay varios aspectos criticables en relación a la referida reforma constitucional necesarios de señalar.

El primero es una omisión muy importante: no se estableció que la gestión de los bienes hídricos debe ser exclusivamente pública. Los grupos parlamentarios de derecha se aseguraron en dejar la posibilidad para que operadores privados puedan hacer negocio con el vital líquido.

El segundo es que su vigencia depende de que sea ratificada en la próxima legislatura. Si esto no sucede, pasará lo mismo que con otras reformas similares avaladas en el pasado, las cuales fueron aprobadas, pero no ya fueron ratificadas por la Asamblea siguiente.

Y el tercero es el uso propagandístico de la reforma. Quienes la aprobaron -sobre todo diputados y diputadas de ARENA- se presentan como paladines del derecho al agua, aún cuando se han negado a dar sus votos a la propuesta ciudadana de ley general de agua y sí han intentando aprobar la propuesta privatizadora presentada por gremiales empresariales.

Por eso es necesario que las organizaciones sociales y la población en general presionen por la aprobación de la ley de agua, exijan la ratificación de la reforma constitucional en la próxima legislatura y que en el actual contexto electoral sepan identificar la postura real que los partidos tienen frente al derecho al agua y la gestión pública de los bienes hídricos.