El inicio de transmisiones de un informativo institucional sobre el quehacer del gobierno -este día en el estatal Canal 10- debería provocar una discusión seria sobre el rol de los medios en manos del Estado, que pueden ser de dos tipos: medios gubernamentales o medios públicos.

Los medios gubernamentales u oficiales son aquéllos cuya labor se centra en informar sobre las diferentes actividades de las instituciones del gobierno. La existencia de estos medios se suele justificar cuando gobiernos “acosados por los medios corporativos” buscan “romper el cerco informativo” utilizando medios estatales para difundir su versión sobre los hechos de la realidad.

Y éste no es -desde luego- el caso del gobierno del presidente Nayib Bukele, quien ha logrado imponerse en la agenda y en el debate público gracias al uso intensivo de las redes sociales y la condescendencia de la mayoría de medios tradicionales, especialmente los televisivos. La prensa crítica de su gestión es básicamente medios alternativos, investigativos y periódicos impresos.

La administración Bukele, además, ha tomado -ilegalmente- el control de medios tutelados por el CONAB, la instancia estatal que administra bienes en extinción de dominio.

Los medios públicos, por su parte, están siempre bajo la sombrilla estatal, pero funcionan como espacios de debate abierto y serio sobre los temas relevantes, reflejando diversidad y pluralidad de informaciones, análisis y opiniones de todos los sectores que conforman la sociedad. Son medios que aseguran una deliberación pública transparente, incluyente y democrática.

Alemania (DW), Inglaterra (BBC), España (tve) y otros países europeos han desarrollado esta tradición de medios públicos. En América Latina ha habido intentos en Argentina, Brasil, Ecuador y otros países.

En El Salvador, durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes, se presentó en la Asamblea Legislativa una propuesta de ley para convertir los medios estatales (Canal 10 y Radio Nacional) en medios públicos. Sin embargo, dicha normativa nunca fue siquiera discutida y -hasta hoy- duerme el sueño de los justos en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, por desinterés de los diputados y por falta de apoyo del propio gobierno que la presentó.

Con Salvador Sánchez Cerén tampoco hubo decisión de retomar la iniciativa, con el pretexto de que el gobierno necesitaba a los “medios gubernamentales” para “defenderse de los medios de la derecha”. Así, la referida propuesta para democratizar los medios estatales quedó truncada.

Ahora, la administración Bukele, que podría haber retomado la perspectiva de medios públicos, decide profundizar el carácter gubernamental u oficial de los medios estatales, lo cual representa una oportunidad perdida. En vez de difundir información plural y generar discusión seria sobre los problemas nacionales, el presidente actúa como sus antecesores -a quienes llama “los mismos de siempre”- y opta por transmitir más propaganda.