El informe sugiere que se certifique a la Fiscalía General de la República (FGR) la comisión de delitos por parte del Ejecutivo, entre ellos actos arbitrarios, interferencia e intervención de comunicaciones telefónicas.
Por: Red Informativa de Arpas/ Foto: referencia/ Transparencia Activa
“El Órgano Ejecutivo mantiene una política de ataque, amenazas e intimidaciones,” hacia periodistas que trascienden a “entornos virtuales”, determinó la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga acoso hacia periodistas, cuyo informe fue aprobado el 12 de noviembre por el pleno, con 58 votos.
Según el documento, en el país “existe acoso, discriminación y maltrato a periodistas” por parte del Ejecutivo y persiste bloqueo a la información pública y “ciertos medios de comunicación que son críticos a la actual administración” no tienen acceso a funcionarios públicos.
Además, las y los parlamentarios exponen que son el presidente de la República, Nayib Bukele, su secretario de Prensa, Ernesto Sanabria y el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA, Federico Anliker López son “los principales responsables” de violaciones relacionadas al derecho de libertad de expresión y de prensa en El Salvador.
“Prevaleciéndose de sus cargos públicos, han amedrentado, denigrado, el trabajo periodístico, por medio de acciones sistemáticas tendientes a desacreditar las investigaciones, reportajes, opiniones vertidas por los mismos, pudiéndose deducir la probable comisión de hechos constitutivos de delitos”, señalan en las conclusiones del informe.
informe-final-comision-de-periodistas-convertidoLa comisión -cuestionada por el Gobierno- recibió, durante alrededor de 15 sesiones, a periodistas de diferentes medios de comunicación, entre ellos de Revista Factum, El Faro, GatoEncerrado, entre otros; los cuales han revelado irregularidades en el manejo gubernamental de fondos públicos durante la pandemia de COVID-19, negociaciones del Ejecutivo con pandillas y otras inconsistencias. En varias ocasiones, el presidente de la República, Nayib Bukele, ha señalado a estos y otros medios de mantener una agenda de ataque hacia su gestión y de tener intereses partidarios.
Congresistas estadounidenses y representantes de organismos internacionales de derechos humanos han expresado preocupación por la hostilidad de Bukele y algunos de sus funcionarios contra periodistas que realizan contraloría de su gestión.
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Durante las jornadas de trabajo de la comisión también participaron representantes de la Mesa de Protección a Periodistas, integrada por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), la Colectiva de Mujeres Periodistas y la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador. Sus representantes denunciaron incremento de ataques hacia la prensa y demandaron una ley de protección del gremio.
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El documento hace referencia a la especificidad del acoso contra las mujeres periodistas por razones de género, entre ellas Carmen Rodríguez, quien denunció ataques por parte del secretario de Prensa de Presidencia, Ernesto Sanabria. “Dicho funcionario podría estar incurriendo en el ilícito de Expresiones de Violencia contra las mujeres”, advierte el informe.
Parlamentarios también concluyeron que podría existir injerencia de parte del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) en la línea editorial de medios que admistra, entre ellos Diario La Página y Radio 102.9, a los que se señala de tergiversar información.
Las recomendaciones
Tras las conclusiones emitidas por la comisión legislativa, la Asamblea recomendó al presidente de la República, Nayib Bukele, y a sus funcionarios que detengan los ataques contra la prensa.
También piden al CONAB que no interfiera en la línea editorial de los medios que están bajo su administración.
Los llamados también fueron hacia el interior del Órgano de Estado que emitió el informe. Sugieren que, en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, se agilice la discusión de la propuesta de ley de protección de periodistas que presentó la Mesa de Protección del gremio.
El informe sugiere que se certifique a la Fiscalía General de la República (FGR) la comisión de delitos por parte del Ejecutivo, entre ellos actos arbitrarios, interferencia e intervención de comunicaciones telefónicas.
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