La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sentó al Estado salvadoreño frente a periodistas de medios de comunicación investigativos y representantes de organizaciones, quienes denunciaron ante las y los comisionados un deterioro en la libertad de expresión en el país. Lejos de explicar las razones, quienes representaron al Estado justificaron la práctica gubernamental, denunciada incluso por organismos internacionales y congresistas, de estigmatizar a la prensa. El Relator de Libertad Expresión de la Comisión advirtió que si el Ejecutivo no cambia “el tono” frente al ejercicio de este derecho la situación “podría empeorar”.
Por: Josseline Roca/ Foto: EFE-Referencia
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) propició lo que -hasta ahora- ha sido imposible en El Salvador: un encuentro entre periodistas, organizaciones y el Estado, para hablar sobre la libertad de expresión. La audiencia -virtual a causa de la pandemia de Covid-19- fue solicitada por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), la Fundación para el Debido Proceso, El Faro, Focos TV, GatoEncerrado y Revista Factum, ante la falta de respuestas de instituciones del Estado y el “sombrío” panorama en el país.
Las y los comisionados de la CIDH y el Relator de Libertad de Expresión escucharon, el 3 de diciembre, con atención lo que bien sería un resumen del estado de este derecho en El Salvador durante el 2020.
En cifras, la APES registra, del 1 de enero de 2018 hasta el 30 de noviembre de 2020, 263 vulneraciones a los derechos del gremio periodístico. Pero el último año, “el panorama empeoró”. Entre junio de 2019 hasta noviembre de 2020, la asociación de periodistas contabilizó 98 vulneraciones, expuso su presidenta, Angélica Cárcamo.
La comunicadora caracterizó el “estilo” del gobierno de Nayib Bukele frente al tema: “declaraciones estigmatizantes, discurso de odio contra periodistas por el Presidente y funcionarios, restricciones al ejercicio periodístico, retrocesos en el acceso a la información pública, utilización de ministerios y uso de la pauta (publicitaria) como premio o castigo”.
La práctica gubernamental se agrava ante la desprotección de periodistas. La Asamblea Legislativa no ha aprobado una ley que les proteja en el ejercicio de su labor y la Fiscalía no agiliza investigaciones, criticó Cárcamo.
“Señales alarmantes”
El 2020 cierra con “señales alarmantes” respecto a la libertad de expresión, de prensa y acceso a la información. Eso lo denunció ante la CIDH Sonia Rubio, abogada, defensora de derechos humanos y representante de la Fundación para el Debido Proceso.
“Desde la llegada del gobierno de Bukele hemos encontrado señales alarmantes en contra de la libertad de expresión y la rendición de cuentas. Hemos advertido un deterioro vertiginoso en el ejercicio de la libertad de prensa en el país”, contó.
Añadió que existe una campaña “sin precedentes” de acoso, intimidación, amenazas y acciones contra de la “prensa independiente” y hacia personas que reclaman transparencia en la administración pública.
Uno de los medios de comunicación contra el que existe una narrativa de desprestigio, según se ha denunciado y constatado en diferentes comunicaciones del mandatario salvadoreño, es el periódico digital El Faro. Su director, José Luis Sanz, tomó la palabra. El periodista le dio un nombre a lo que ocurre actualmente: “Política sistemática de criminalización y amenazas a periodistas”.
Sanz denunció que tras publicar este medio investigaciones que se basan documentos gubernamentales, como la negociación del gobierno con grupos de pandillas, han sido objeto de estigmatización y “acusaciones sin fundamento” desde cuentas oficiales de redes sociales y otras afines que replican el mensaje presidencial y que siguen el patrón de “amenazas”.
La intercepción de comunicaciones, uso de medios del Estado para atacar a periodistas independientes, ataques físicos -que sospechan pueden estar vinculados con personeros del gobierno- y auditorías irregulares por parte del Ministerio de Hacienda se sumaron a su denuncia ante el organismo de derechos humanos.
Además, se refirió al hurto de computadoras, como lo que ocurrió a la periodista Julia Gavarrete de Gato Encerrado, y el despido injustificado de la madre de otra periodista de ese medio, Carmen Valeria Escobar. La revista ha publicado varias investigaciones que revelan el manejo irregular de fondos públicos durante la pandemia de Covid-19.
“La madre de Carmen Valeria de Revista GatoEncerrado fue sometida a polígrafo y obligada a renunciar a su trabajo en una institución del Gobierno, solo una semana después de publicar una investigación periodística sobre la compra de insumos médicos que hizo el Ministerio de Salud a familiares”, relató Sanz.
Acoso a mujeres periodistas
Los mensajes de odio e intento de desprestigio al trabajo de periodistas tienen características específicas en el caso de las mujeres, han denunciado colectivas y defensoras de derechos humanos. Karen Fernández, periodista y presentadora en Focos TV, transmitido en Canal 33, lo evidenció en la audiencia de la CIDH.
“Nos convierten en víctimas de acoso digital y se amenaza nuestra integridad física y psicológica. En un país tan violento contra las mujeres, los funcionarios del Estado no pueden ni deben promover o tolerar ataques que atenten contra la participación de las mujeres en la vida pública y política”, reclamó.
Cese al acoso, estigmatización y ataques: las demandas
La periodista Fernández se encargó de hacer varias solicitudes a la CIDH, que podría funcionar como árbitro frente al Estado.
“Queremos solicitar a esa Comisión que exprese al Estado salvadoreño su preocupación por la alarmante situación de la libertad de prensa en El Salvador”, empezó.
Otras peticiones están relacionados con la garantía del acceso a la información pública. En esta audiencia, las personas que la solicitaron denunciaron que existe un intento por controlar, incluso, el Instituto de Acceso a la Información Pública, al realizar elecciones irregulares para nombrar comisionados/as, y la negativa de entregar información.
“Le pedimos que exhorten al Estado salvadoreño para que garantice la búsqueda y acceso a la información, de acuerdo con los principios internacionales”, añadió Fernández.
La comunicadora finalizó demandando un “cese inmediato” de “persecución y ataques a periodistas y medios de comunicación, campañas de acoso, amenazas y acciones administrativas y legales en contra de la prensa independiente” y sanciones a los actos que constituyan en agresiones a periodistas. Además pidió a la Comisión que “anime” al Estado a retomar el debate del proyecto de Ley de Medios Públicos y que la pauta publicitaria se deje de utilizar como “instrumento para socavar la libertad de expresión”.
El Estado responde y se justifica
1978. Haciendo referencia y una amplia exposición sobre el estado de la libertad de expresión en El Salvador en la década de los 70, cuando se vivía con una política estatal de represión, inició la representación del Estado salvadoreño.
Le siguió una negación de lo expuesto por periodistas durante la audiencia. La directora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Tania Camila Rosa, negó que exista “censura previa o consecuencias posteriores como amenazas de cierres o censuras que puedan ser atribuidas a una instancia de Gobierno”.
Respecto a expresiones violentas de personas seguidoras del Gobierno que se dan tras un comentario de descalificación del Presidente o sus funcionarios, Rosa hizo referencia al derecho a la libertad de expresión que también tienen ciudadanos, aunque dijo reprocharlos.
“Queremos dejar sentado que el Estado también rechaza cualquier acción realizada por particulares que constituyan una agresión o un atentado al libre ejercicio de la libertad de expresión, pero al ser al ser la libertad de expresión un derecho que se encuentra reconocido a los ciudadanos en general e incluso a los funcionarios públicos que no está sometido a censura previa(…)”, justificó.
Uno de los abogados de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, José Ángel Pérez, incluso cuestionó que medios de comunicación no realicen entrevistas a funcionarios del Ejecutivo, pero omitió decir que las Secretarías de Prensa y Comunicaciones bloquean el acceso a funcionarios. Pérez dijo que algunas publicaciones podrían “afectarles”. Tampoco admitió que existe una Ley de Rectificación y Respuesta de la que se puede hacer uso en caso de que un medio publique una información imprecisa.
“Pudiera parecer que ante situaciones de noticias que pudieran presentarse en medios de comunicación, de repente resulte una expresión relacionada con dichas noticias de parte de los funcionarios a quienes pudiera estársele afectando en su ejercicio de la función pública. Es así, que sin duda alguna, esto cabe dentro de un sistema democrático”, respondió el abogado.
¿1978?
El jefe de redacción de Revista Factum, César Fagoaga cuestionó la referencia de la representación estatal. “Nos llama la atención que la referencia sea a 1978. Pareciera que tuviéramos que agradecer que, ahora mismo, no haya periodistas detenidos o agraviados de otra manera, y eso es preocupante”, lamentó.
El periodista también señaló que “es muy peligroso aumentar un discurso de odio en una sociedad violenta”.
Audiencia preventiva ante ambiente regresivo, la advertencia del Relator
La audiencia realizada por la CIDH fue de carácter preventivo y ante un contexto “regresivo” sobre la libertad de prensa, dijo el Relator de Libertad Expresión del organismo, Pedro Vaca.
En su participación, lamentó la falta de respuestas por parte de representante del Estado y dijo que no se puede aspirar a que los gobiernos funjan como “tribunales ad hoc de la prensa” para determinar qué medios son acertados y cuáles no, porque “estos son síntomas reservados para regímenes autoritarios”.
“Claro que queremos medios de calidad en todas nuestras democracias. Lo tenemos tan claro como el hecho de que el lugar más inconveniente para medir la calidad de los medios de comunicación es el poder Ejecutivo”, afirmó.
El Relator llamó a evitar la estigmatización contra la prensa y dijo que de lo contrario la situación “podría empeorar”.
Antonia Urrejola, Relatora de Memoria, Verdad y Justicia de la CIDH, añadió que “es muy preocupante cuando las autoridades de un país son las que hacen estos discursos estigmatizantes, no solo respecto de periodistas sino de personas defensoras de derechos humanos”.
Según Urrejola esta narrativa “termina justificando ataques hacia estos colectivos, podemos saber dónde empieza, pero no dónde termina”.
También se refirió a la negativa del Estado de permitir acceso a los archivos militares del caso de El Mozote y sitios aledaños. “No solo está relacionado con la justicia sino también con la libertad de prensa”, sostuvo.
Tras la audiencia, las personas solicitantes esperan que la CIDH retome las denuncias en su informe concluyente sobre la situación de derechos humanos en El Salvador.
