Ayer se celebró el “Día de los Derechos Humanos”. Se recuerda la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948, por la Asamblea General de la ONU. Conmemoración que es siempre propicia para evaluar la situación de los derechos humanos y plantear acciones para su vigencia progresiva.

Esto es especialmente importante en El Salvador, donde hay pocos avances en el cumplimiento de algunos derechos y retrocesos en la vigencia de otros. Por eso la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares dijo que “no podemos celebrar, sino conmemorar con preocupación y espíritu de denuncia”.

En su pronunciamiento, la Coordinadora señala directo al presidente Nayib Bukele y su gobierno por violentar derechos fundamentales para la democracia, como la libertad de expresión y acceso a la información. A esto se agrega la vulneración de derechos relacionados: la transparencia y rendición de cuentas, que el gobierno no quiere hacer, a pesar de que, según la Fiscalía y la misma CICIES creada por Bukele, hay indicios de uso irregular de fondos públicos durante la emergencia por el COVID-19 en los ministerios de Salud, Agricultura, Seguridad, Hacienda, Turismo y otros.

En material ambiental, la Coordinadora denuncia al Ejecutivo por autorizar proyectos ecológicamente inviables, como la urbanización Valle El Ángel, en una zona de riesgo en las faldas del volcán de San Salvador y sobre mantos acuíferos subterráneos. Además, no impulsa programas de saneamiento ambiental ni gestiona en la Asamblea Legislativa la aprobación de la Ley de Agua.

En relación a seguridad y derechos de las mujeres, cuestiona que detrás de su retórica sobre la reducción de asesinatos, el gobierno esconde las desapariciones, extorsiones y la violencia de género, sobre todo los feminicidios.

Sobre memoria histórica y derechos de las víctimas reclaman a Bukele por no cumplir su promesa de buscar el conocimiento de la verdad, acceso a la justicia y la reparación moral de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos cometidas antes y durante la guerra civil. Condenan la negativa presidencial de abrir archivos militares que darían información relevante en el juicio por la Masacre de El Mozote.

La Coordinadora también denuncia la instrumentalización política de la Fuerza Armada y la desnaturalización de la Policía, hechos violatorios de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a cinco décadas de militarismo y doce años de guerra civil. También considera que la confrontación con los demás poderes estatales y el desmedido endeudamiento también vulneran derechos humanos.

En este editorial respaldamos las denuncias de la Coordinadora y su exhortación al presidente Bukele de respetar los derechos humanos e impulsar políticas que aseguren su cumplimiento. Llamado que es extensivo a la Asamblea, al Sistema Judicial, Fiscalía y autoridades municipales, a que actúen, desde sus competencias específicas, en favor de los derechos humanos.