En enero de 2001, durante el tercer gobierno de ARENA presidido por Francisco Flores, El Salvador dolarizó su economía, es decir, estableció como moneda oficial el dólar estadounidense.

La dolarización fue parte de la implementación del modelo económico neoliberal, aun cuando formalmente no estaba incluida en el recetario del denominado “Consenso de Washington” que en nuestro país se concretó con los llamados “programas de ajuste estructural y de estabilización económica”.

La medida fue inconsulta y se aplicó engañando a la población: la derecha parlamentaria -en aquel momento integrada por ARENA, PCN y PDC- aprobó la Ley de Integración Monetaria que, según la propaganda oficial, establecería un sistema bimonetario donde circularían colones y dólares; sin embargo, en pocos meses el colón había sido retirado de circulación.

De hecho, economistas como Manuel Enrique Hinds (considerado el “arquitecto de la dolarización”), funcionarios públicos de aquella época y centros de pensamiento neoliberal como FUSADES (que en la última década se convirtió en “promotor de la transparencia”), se jactaron de que la dolarización había sido “el secreto mejor guardado”.

El discurso gubernamental justificó la medida con supuestos beneficios crediticios y de estabilidad macroeconómica. El ex presidente Flores, incluso, declaró después de los terremotos de enero y febrero de ese año que la economía nacional no se hundiría gracias a la dolarización.

Sin embargo, la medida tuvo efectos que perjudicaron sobre todo a la gente más pobre. Uno de éstos fue la subida de precios de los productos básicos, por ejemplo: lo que costaba un colón pasó a valer 25 centavos de dólar (2.25 colones) y lo que valía cinco colones llegó a costar un dólar (8.75 colones)

Sin embargo, la principal consecuencia fue que el país renunció a tener política monetaria propia, con lo cual el Banco Central de Reserva (BCR) perdió su facultad de regular el uso de la moneda y la política monetaria salvadoreña ahora se dicta desde el Departamento de Tesoro de Estados Unidos. Economistas críticos también advirtieron que la dolarización limitaría el crecimiento económico y expertos en seguridad señalaron que El Salvador se convertiría en un “paraíso para el lavado de dinero”.

Veinte años después de implementada la dolarización de la economía salvadoreña debería generarse un debate serio sobre sus costos y beneficios, a fin de determinar continuidad o no.

De igual forma deberían revisarse las privatizaciones, los tratado de “libre comercio” y demás políticas económicas neoliberales, pensando en la necesidad de configurar un nuevo modelo económico que priorice los derechos de la población por encima de los intereses mercantilistas de las grandes empresas.