En Estados Unidos ya se ha detenido y se está procesando judicialmente a algunos de los participantes en el asalto al Capitolio la semana pasada, acción violenta azuzada por Donald Trump para evitar que el Senado declarara formalmente a Joe Biden como presidente electo.

Al mismo tiempo, congresistas demócratas promueven la destitución de Trump aún cuando sólo le queda menos de dos semanas a su mandato. Este sería el segundo juicio político contra el presidente saliente.

La actuación de las autoridades estadounidenses contrasta con la inacción de la Fiscalía y el Sistema Judicial salvadoreño contra los partícipes del intento de golpe del Ejecutivo contra la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020, hecho que -pese a su gravedad- permanece en total impunidad.

En un acto de cobardía, grave irresponsabilidad y de terribles consecuencias para la democracia del país, el Fiscal General, Raúl Melara, dijo que -luego de entrevistar a varios diputados (aliados del gobierno)- no encontró ningún indicio de ilegalidad en el asalto al Parlamento.

La Corte Suprema se limitó, en una resolución de la Sala Constitucional, a exhortar al presidente Nayib Bukele a no volver a involucrar al Ejército y a la Policía en acciones que estén fuera de sus funciones legalmente establecidas.

Ni la Fiscalía, ni los tribunales, ni la Asamblea han tenido la entereza y la valentía de tomar acción contra Bukele y los funcionarios que lo acompañaron el 9F, incluidos diputados cómplices como Guillermo Gallegos.

Los diputados únicamente interpelaron al ministro de Defensa, René Merino Monroy. En Estados Unidos, Bukele habría sido destituido o, al menos, enjuiciado.

Ojalá que la ciudadanía democrática, que se expresa cada vez más fuerte en medios de comunicación y redes sociales, presione para que lo sucedido el 9 de febrero no quede impune y para evitar un precedente nefasto para la institucionalidad y el Estado de derecho en el país.

Bukele también debería ser procesado por incumplir resoluciones judiciales como la que ordena abrir los archivos militares sobre la masacre de El Mozote, socavar la autonomía municipal negando la transferencia del FODES y violar la Constitución, sobre todo el Artículo 186 (inciso tercero) que lo manda a procurar la convivencia pacífica y la armonía social.