Entre los diversos acontecimientos políticos de la semana que termina, hay tres que por su relevancia merecen ser comentados en este espacio editorial.

El primero es el inicio de las inspecciones de los archivos históricos del Arzobispado de San Salvador por la comitiva que encabeza el juez de instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, en búsqueda de información sobre la masacre de El Mozote. En las diligencias participan también personeros de la Fiscalía y peritos archivistas.

Monseñor José Luis Escobar Alas rectificó su negativa inicial y finalmente permitió inspeccionar documentos, objetos y otros elementos que podrían fortalecer el proceso judicial sobre este crimen atroz cometido por las Fuerzas Armadas a inicios de la guerra civil salvadoreña. La colaboración del arzobispo capitalino contrasta con la negativa del presidente Nayib Bukele de abrir los archivos militares.

El segundo es la decisión de la Sala Constitucional de anular la candidatura a diputado por San Salvador de Walter Araujo, por Nuevas Ideas. Los magistrados admitieron una demanda de la abogada y también candidata Bertha Deleón, y como medida cautelar impidieron que el ex arenero y hoy miembro del partido de Bukele compita por un curul en la Asamblea.

Lo actuado por la Sala representa un importante precedente, pues se anula la candidatura de un político obsceno e inescrupuloso: padre irresponsable, difamador y violento con las mujeres. Araujo, además, no había sido inscrito legalmente en el Tribunal Supremo Electoral, según denunció Deleón.

Y el tercero es el oportuno llamado de congresistas demócratas al presidente estadounidense Joseph Biden de nombrar embajadores comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción en los países del triángulo norte centroamericano, especialmente en El Salvador.

En su carta, los connotados miembros de la Cámara de Representantes, Albio Sires y Norma Torres, señalaron que el gobierno de Donald Trump “permitió a Nayib Bukele perseguir a periodistas y desplegar tropas para asaltar la legislatura con pocas o ninguna consecuencia”, refiriéndose al intento de golpe presidencial contra el Parlamento y la impunidad en que ha quedado este atentado contra la democracia.

Dado el poco o nulo contrapeso institucional y resistencia social que Bukele tiene en el país, enhorabuena la preocupación y la presión de actores de la comunidad internacional.

Estos tres acontecimientos son una especie de “luz en las tinieblas”, porque son hechos positivos en un contexto dominado por la impunidad, gobierno autoritario, negacionismo histórico y otros nubarrones que oscurecen el horizonte democrático nacional.