El pasado fin de semana, comunidades y organizaciones de pueblos originarios de Izalco, Caluco, Nahuizalco y otros municipios del occidente del país conmemoraron el 89 aniversario de la masacre de 1932.

Entre finales de enero y principios de febrero de ese año, tropas gubernamentales, dirigidas por el dictador Maximiliano Hernández Martínez, asesinaron a unos 30 mil indígenas y campesinos que se revelaron contra la injusticia y la opresión de la oligarquía terrateniente.

La referida conmemoración pasó desapercibida por la mayoría de la sociedad y el gobierno ni siquiera se pronunció: ningún tuit presidencial, ningún anuncio relevante del Ministerio de Cultura… Sólo la PDDH reclamó por la impunidad del crimen, el abandono actual de la población indígena, el impacto de la pandemia y la no ratificación del Convenio 169 de la OIT.

¿A qué se debió esta deplorable omisión, indiferencia, silencio e indolencia gubernamental? ¿Es parte del negacionismo histórico de la narrativa de Nayib Bukele? ¿Si son “farsa” la guerra civil y los Acuerdos de Paz que terminaron con la dictadura de 50 años, lo es también el genocidio que marcó el inicio de los sucesivos gobiernos militares?

Desde la lógica bukeliana, probablemente lo sea. Pero para las comunidades y organizaciones indígenas no, y eso es lo importante. Éstas mantienen viva su memoria histórica y su cultura, exigen sus derechos y su cosmovisión apunta siempre hacia prácticas alternativas al orden social injusto que impone el capitalismo neoliberal.

“A 89 años, los que nacimos medio muertos después de 1932”, dicen parafraseando al poeta revolucionario Roque Dalton, “hoy estamos más vivos que nunca, haciendo valer nuestro derecho a existir como pueblos originarios y a que se ratifiquen los convenios internacionales a favor nuestro”.

“Botaron las ramas y los troncos, pero dejaron las raíces que son las que estamos ahorita”, afirmó uno de los voceros indígenas durante la conmemoración en Izalco.

Comunidades de Tacuba y otros municipios de Ahuachapán, incluso, promueven al “primer candidato a diputado indígena”. En mal momento, porque según las encuestas el partido del presidente negacionista arrasará con casi todo; sin embargo, la iniciativa está cargada de simbolismo y de reivindicación histórica, digna de apoyar.

En este espacio editorial respaldamos las demandas e iniciativas de comunidades originarias y sus organizaciones. Es cuestión de justicia, de la historia negada y los orígenes de obligatoria reivindicación para proyectar un futuro con dignidad y justicia.

La ocasión también es oportuna para reiterar que ningún acontecimiento histórico que haya costado vidas humanas o tenido como motivación alguna causa justa, es una “farsa”. No lo son los Acuerdos de Paz y la guerra, y tampoco lo es el genocidio indígena-campesino de 1932.