Durante la última semana ha sido escándalo en redes sociales y comidilla de los grandes medios de comunicación, sobre todo los gubernamentales y privados alineados con Casa Presidencial, la existencia de “plazas fantasmas” en la Asamblea Legislativa.

Extrañamente, un problema viejo y denunciado desde siempre, fue “descubierto” por el aparato propagandístico del Ejecutivo justo después de las elecciones del 28F y antes de asumir nueva legislatura dominada por Nuevas Ideas el 1° de mayo próximo.

Al son de dicho coro mediático -y los sendos tuits presidenciales que lo acompañan- han bailado diferentes actores, desde voceros del sindicato de trabajadores de la Asamblea denunciando que hay entre 1,000 y 1,200 “plazas fantasmas”, hasta la Fiscalía que corrió a las instalaciones legislativas a la caza de esas plazas asignadas a falsos trabajadores parlamentarios.

Tal situación, sin embargo, es oportuna para exigir que se eliminen todas las “plazas fantasmas” en la Asamblea y en las demás instancias estatales, incluido el Ejecutivo, pues éstas existen en todas las instituciones públicas. Por ejemplo: en ciertas instancias gubernamentales hay contratadas personas que trabajan en otras dependencias del mismo gobierno, lo cual constituye otro tipo de “plazas fantasmas”.

También son “plazas fantasmas” los mal llamados cargos “ad honorem” de funcionarios sí cobran salarios: ministros, secretarios presidenciales, asesores, etc. En mayo de 2020, en una acto propagandístico, varios funcionarios “ad honorem”, entre éstos el secretario jurídico Conan Castro, ofrecieron donar su sueldo ante la supuesta falta de fondos para atender la pandemia de COVID-19.

Además, son una especie de “plazas fantasmas” aquéllas otorgadas por tráfico de influencias y nepotismo: el “familión” del diputado Guillermo Gallegos, quien ha empleado a una veintena de familiares en la Asamblea, es un ejemplo ilustrativo. Gracias a que apoya al gobierno, el parlamentario de derecha ha sorteado críticas y hasta denuncias en el Tribunal de Ética Gubernamental.

La existencia de “plazas fantasmas” es consecuencia de la intransparencia y falta de rendición de cuentas que impera en la administración pública. Esta opacidad y actuar de espaldas a la ciudadanía también permite el cometimiento de robos, malversación de dineros públicos y otros delitos de corrupción.

Así que, ojalá, la cruzada contra las “plazas fantasmas” de la Asamblea sea una ofensiva general por la transparencia, la probidad y la anticorrupción en todas las instituciones del Estado. El presidente Nayib Bukele podría dar el ejemplo y tomar la iniciativa abriendo el acceso a la información pública que hasta ahora mantiene restringido.