La demanda de que “paguen más (impuestos) quienes tienen más (ingresos)”, siempre fue mal vista y descalificada por las élites empresariales, sus servidores gubernamentales y demás defensores de esquemas tributarios que gravan más a la población trabajadora y consumidora y benefician a las corporaciones y a los ricos.

Pero esto está cambiando. En Estados Unidos, el presidente Joseph Biden promueve un aumento del 21% al 28% en la carga fiscal a las grandes empresas, con el propósito de recaudar 2.5 billones de dólares durante los próximos quince años para financiar un ambicioso plan de modernización de la infraestructura vial del país.

Esta reforma tributaria permitirá, según la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, establecer un sistema fiscal más “estable y justo”. El gobierno estadounidense también ha propuesto al G20 poner un impuesto mínimo global del 15% a las corporaciones y combatir la evasión que se da a través de los “paraísos fiscales”.

En el mismo sentido, el Fondo Monetario Internacional (FMI) discutió a inicios de este mes la creación de un impuesto a las grandes rentas y a las multinacionales, especialmente a las que se han beneficiado con la pandemia del COVID-19, entre éstas las grandes empresas tecnológicas y algunas farmacéuticas.

En El Salvador, los sucesivos gobiernos y legislaturas se han negado a aprobar impuestos directos al patrimonio de los más ricos, a la gran ganancia empresarial, a las grandes transferencias financieras y a los bienes y servicios de lujo. La propuesta de implementar políticas fiscales progresivas han sido rechazadas con el pretexto de que “ahuyentan las inversiones” y/o “frenan el desarrollo”.

Ojalá ahora que Estados Unidos y el FMI proponen impuestos para las corporaciones y los ricos, el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa asuman esta perspectiva. En vez de endeudarse más, el gobierno y su súper mayoría parlamentaria deben aprobar impuestos directos a las grandes empresas, combatir a los evasores y derogar o reformar la veintena de leyes que permiten la elusión o conceden exenciones fiscales injustificadas.

El presidente Bukele y los 56 diputados de su partido no tienen excusa para mantener el esquema tributario regresivo y deben sustituirlo por uno más justo donde “paguen más los que tienen más”. Si no lo hacen, será por falta de voluntad política y porque son iguales o peores que los “mismos de siempre”.

La anunciada negociación con el FMI debería ser para renegociar la deuda y no para endeudar más al país. Ojalá ésa sea la demanda de la ciudadanía.