Desde siempre, en el país, quienes más han aportado a los ingresos públicos para financiar el aparato estatal, amortiguar crisis y pagar deuda externa, no han sido los grupos pudientes y élites empresariales; sino, la población consumidora y trabajadora, sobre todo los sectores populares y capas medias.

Consecuente con esa nefasta tradición, durante las últimas tres décadas, en el marco de la implementación del modelo neoliberal, se configuró un esquema tributario regresivo donde “pagan más quienes tiene menos”.

Este injusto y anquilosado sistema fiscal se basa en la renta salarial y en impuestos indirectos al consumo; y excluye impuestos directos a la gran ganancia empresarial, a las grandes transferencias financieras, al patrimonio de los más ricos y a los bienes y servicios de lujo.

Por dicha, como dijimos en un editorial anterior, importantes cambios en el contexto apuntan hacia otra perspectiva. La demanda global de justicia tributaria y transparencia fiscal hace que hasta el gobierno de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) admitan ahora la urgencia de subir o poner nuevos impuestos a las corporaciones y a los mega ricos.

A esta tendencia mundial se suma el nuevo momento político del país, determinado por la nueva correlación parlamentaria que ofrece actuar diferente a las anteriores legislaturas. Nuevas Ideas tiene mayoría más que suficiente para aprobar una reforma fiscal progresiva donde “paguen más quienes tienen más”.

Recientemente, el diputado electo Ernesto Castro, quien se perfila como próximo presidente de la Asamblea, declaró que la nueva bancada oficialista aprobará medidas para que “paguen impuestos los que nunca han pagado”, refiriéndose a los propietarios de los diarios impresos favorecidos por una antiquísima Ley de Imprenta y a quienes el actual gobierno ve como adversarios políticos.

Ciertamente, los dueños de los periódicos deben pagar los impuestos que corresponden; pero la lista de quienes deben aportar más al fisco es larga. Según OXFAM, en El Salvador, un grupo de 160 millonarios acaparan unos 21,000 millones de dólares, equivalentes al 87% de la riqueza nacional.

Esta élite de grandes ricos incluye banqueros, cafetaleros, constructores, azucareros, industriales, inmobiliarios, importadores, maquileros, comerciantes y proveedores de servicios publicitarios, financieros, turísticos, etc. Ellos deben aportar para enfrentar la inminente crisis de las finanzas estatales y la insostenible deuda pública que casi ronda el 100% del PIB.

La crisis y la deuda no deben pagarse subiendo la tarifa de la luz eléctrica y agua potable, ni quitando los subsidios a las familias pobres, ni aumentando el IVA y los impuestos a los combustibles, ni reduciendo las pensiones, tampoco con más préstamos del FMI o el Banco Mundial.

El camino, diputado Castro y compañía, es combatir a los grandes evasores, derogar o reformar las leyes que permiten la elusión, poner impuestos directos al patrimonio de los ricos, renacionalizar las pensiones, renegociar la deuda y eliminar gastos superfluos del gobierno: publicidad, medios de propaganda, asesores, cabilderos internacionales, etc.