Una de las más ominosas operaciones jurídicas que suelen hacer personas o instancias que tienen poder económico, influencia política o control estatal, cuando cometen algún delito, es pasar de victimarios a víctimas, es decir: convertir a sus víctimas en sus victimarios.

Lo hacen muchas empresas que desarrollan proyectos extractivos o urbanísticos contra líderes comunitarios o activistas ambientales que advierten sobre sus impactos negativos. Estas personas son, primero,  difamadas y estigmatizadas y, después, perseguidas judicialmente, sobre todo cuando la denuncia incluye acciones de protesta.  

Así, las víctimas de desplazamientos, daños ecológicos o robo de sus recursos son presentados como victimarios por las empresas invasoras o agresoras que son las verdaderas victimarias.

Esto sucedió cuando compañías mineras intentaron operar en el país: la gente que -por defender el agua, la tierra y la vida- se oponía a los proyectos extractivos era perseguida por las empresas que se presentaban como víctimas de la resistencia comunitaria. Una de éstas, la Pacific Rim-Oceana Gold, incluso convirtió en victimario al Estado salvadoreño y lo demandó en un tribunal comercial internacional por negarle el permiso de explotación.

Y algo parecido sucede ahora con Berta Deleón, abogada y activista de los derechos de las mujeres, quien ha sido difamada y atacada en redes sociales por Walter Araujo, un ferviente seguidor del presidente Nayib Bukele.

Deleón demandó a Araujo por violencia de género en los tribunales e impugnó su candidatura a diputado en la anterior Sala de lo Constitucional. Sin embargo, gracias a que el oficialismo tomó el control de la Fiscalía el pasado 1o de mayo, Araujo pasó a la ofensiva y demandó a Deleón: la víctima es ahora la victimaria y el victimario se hace la víctima.

Esta semana la abogada fue notificada por la Fiscalía sobre la demanda del activista de Bukele que la acusa de cometer el delito de “desobediencia de particulares” porque, según él, ella irrespetó la reserva de información del proceso judicial en su contra. El agresor ahora es víctima de la mujer agredida.

De León también fue notificada de otra demanda impulsada por el abogado de un empresario cercano a Bukele y -según Deleón- financista de su Partido Nuevas Ideas. Además, fue informada de otra denuncia basada en la publicación de un “medio fake” que es parte del aparato de propaganda gubernamental. Una cuarta demanda fue archivada.

Ojalá que frente a tales aberraciones jurídicas, la ciudadanía crítica se manifieste contra tan absurdo modus operandi fiscal y judicial de “convertir a la víctima en victimario y al victimario en víctima”.