Que un ex policía haya cometido múltiples feminicidios y homicidios es un hecho tenebroso y espeluznante. Sin embargo, más terrible aún es que las autoridades estatales oculten información y favorezcan al criminal; y esto es, precisamente, lo que estarían haciendo Fiscalía y Policía en caso del “asesino serial de Chalchuapa”.

Hugo Ernesto Osorio Chávez, destituido de la Policía Nacional Civil (PNC) en 2005 por “violencia y conductas sexuales agresivas”, fue detenido en flagrancia la noche del viernes 7 de mayo. Los agentes que lo detuvieron hallaron varios cadáveres en la sala de su casa, en la colonia Las Flores, ciudad de Chalchuapa, Santa Ana.

El hecho contradice la narrativa gubernamental que destaca la “reducción de asesinatos” y busca minimizar el problema de las mujeres desaparecidas. El presidente Nayib Bukele suele destacar los días con “cero homicidios” y sobre las desaparecidas su ex ministro de Seguridad Rogelio Rivas llegó a decir que éstas “se acompañan, emigran o andan por ahí y luego aparecen”.

Quizás por eso la Policía-Fiscalía (en una sola frase porque ya no hay independencia entre ambas instancias) buscan ocultar la magnitud de tan horroroso crimen, al grado de sancionar al forense fiscal Israel Ticas por hablar con la prensa. Ticas informó sobre el hallazgo de quince cadáveres, la mayoría de mujeres.

Pero esto no es lo más grave. Las autoridades anunciaron que han dado el criterio de oportunidad al asesino en nueve de doce casos porque, según Max Muñoz, jefe de la Unidad Antipandillas y Homicidios de la Fiscalía, “sólo lanzó los cadáveres al pozo y no asesinó con sus propias manos”.

Es entendible que las autoridades de Seguridad busquen ocultar información sobre los asesinatos porque desmiente el cacareado discurso gubernamental de la reducción de homicidios y de las “desaparecidas no desaparecidas”, pero ¿por qué favorecen al despiadado asesino serial? Es difícil saberlo, porque decir la verdad y la transparencia no es una fortaleza de la administración Bukele y su Fiscalía.

En septiembre del año pasado el semanario digital el Faro reveló que el gobierno negociaba con pandillas reducción de homicidios y apoyo electoral, y organizaciones de derechos humanos han denunciado incremento de desapariciones, especialmente de mujeres.

El terrorífico caso del asesino en serie de Chalchuapa debería obligar al gobierno a transparentar su estrategia de seguridad pública que se esconde detrás del publicitado “Plan Control Territorial” que nadie, excepto Bukele y su círculo cercano, sabe exactamente en qué consiste.