Por: Observatorio de la Comunicación de ARPAS
El repentino debate sobre la criptomoneda “Bitcoin” y la aprobación exprés de una normativa que le da curso legal en el país, resultó ser una muy efectiva estrategia comunicacional del presidente Nayib Bukele para distraer a la opinión pública y sacar del debate temas relevantes del país.
Las mayoría de críticas a tan temeraria medida se han centrado en lo volátil y especulativo de la criptomoneda, el peligro de atraer a grupos criminales que buscan esconder sus transacciones financieras, el altísimo costo ecológico de la llamada “minería criptomonedera”, lo inconsulto de la decisión de adoptarla como moneda nacional, etc. Esta nota plantea una crítica comunicacional, presentando cinco hechos relevantes que fueron ocultados o invisibilizados por el “Bitcoin”, tema que acaparó la atención de aduladores y opositores del gobierno.
1. El cierre de la CICIES
El 4 de junio de este año, el presidente Nayib Bukele se deshizo de lo que fue su principal promesa electoral: la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES). El Fiscal General, Rodolfo Delgado, afín al mandatario, anunció la cancelación del convenio con la Organización de Estados Americanos (OEA) que permitía el funcionamiento de la CICIES. Más tarde Bukele lo secundó.
El argumento del presidente y del fiscal fue que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, había contratado como asesor al ex alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, acusado de negociar con pandillas. Delgado y Bukele dijeron que “no podían tener un convenio con una instancia que promueve la impunidad”.
Sin embargo, la razón fiscal y presidencial fue desmentida categóricamente por la OEA. En un comunicado, publicado tres días después, el organismo regional aclaró que “no había contratado ni contrataría a Muyshondt” y mencionó seis razones de desacuerdo con el gobierno de Bukele que llevaron a la ruptura:
1. La Ley para el Uso de Productos para Tratamientos Médicos en Situaciones Excepcionales de Salud Pública Ocasionadas por la Pandemia COVID-19, conocida popularmente como “Ley Alabí”, aprobada por la mayoría parlamentaria oficialista y que impide investigar las irregularidades en el uso de fondos públicos durante la emergencia sanitaria.
2. La negativa gubernamental de publicar el “Primer Informe Descriptivo sobre la Calidad, Efectividad y Legitimidad del Uso de Fondos Públicos en la Atención a la Pandemia COVID-19”, que revela una serie de anomalías “necesarias de investigar”.
3. El “asfixiamiento» contra la CICIES que realizaba la Fiscalía, el cual “cercenaba las posibilidades de investigación”.
4. Bloqueos gubernamentales que impedían avanzar en investigaciones de denuncias de corrupción en el Ejecutivo.
5. La negativa oficialista de reformar el Código Penal para dar carácter vinculante a las acciones de la CICIES y que ésta pudiera ser querellante en procesos penales e investigaciones judiciales.
6. El intento gubernamental de utilizar la CICIES para “perseguir a opositores”.
Sin embargo, el gobierno logró sortear el desgaste público de este suceso gracias a las discusiones sobre el Bitcoin.
2. Asesinatos en Chalchuapa
El caso de los asesinatos seriales en Chalchuapa, cometidos por el ex agente policial Hugo Osorio Chávez y descubiertos a mediados del pasado mes de mayo, vino a contradecir el publicitado logro gubernamental de la reducción de asesinatos y a confirmar el incremento de personas desaparecidas, especialmente mujeres.
Al menos trece víctimas fueron asesinadas durante el último año, lo cual evidencia las falencias del “Plan Control Territorial”, el programa estrella de la desconocida estrategia de seguridad pública del actual gobierno. Por esta razón se ha intentado ocultar, minimizar y manipular desde el discurso oficial.
El 22 de mayo la Fiscalía dijo que sancionaría al criminalista Israel Ticas, por dar declaraciones a la prensa; el 8 de junio el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo -en una entrevista radial- que estaba dando “seguimiento” a periodistas que informan sobre el caso; y el 14 de mayo el Juzgado Primero de Paz de Santa Ana ordenó a Factum retirar una publicación que narraba horrores del caso, acusando a la revista digital de violentar la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
No obstante, los debate sobre el Bitcoin lograron invisibilizar estos y otros hechos relacionados con el “asesino de Chalchuapa”.
3. El fallo contra los “tepesianos”
El pasado 7 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos, mayoritariamente conservadora, resolvió que las personas beneficiarias del Estatus de Protección Temporal (TPS) “no son elegibles para la residencia permanente”, porque su justificada protección “no elimina el hecho que entraron en forma irregular”.
El fallo del supremo tribunal estadounidense afecta a unos 300 mil migrantes salvadoreños que buscan estabilizar su situación legal en territorio norteamericano. El hecho es importante debido a la dependencia del envío de remesas, las cuales representan la principal fuente de ingresos para muchas familias y de divisas para el país.
A pesar de lo anterior, esta acción judicial contra los “tepesianos” pasó desapercibida porque mucha gentes estaba distraída con el espectáculo del Bitcoin.
4. La confirmación de que el gobierno persigue a periodistas
El pasado 8 de junio, el ministro de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, declaró en una entrevista de Radio YSKL que el gobierno monitorea y “da seguimiento a periodistas”, refiriéndose a informaciones publicadas sobre el caso del “asesino de Chalchuapa” que -según él- transgreden los límites éticos y “hacen apología”.
El hecho debió ser un escándalo, el ministro habría renunciado y el propio presidente Bukele estaría en la “cuerda floja” tras el reconocimiento público de que su gobierno espía a periodistas, como ha sucedido en otros países. Sin embargo, sólo generó el rechazo de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y de la Mesa de Protección a Periodistas.
El show propagandístico del Bitcoin impidió más reacciones de los sectores de la sociedad.
5. La crítica creciente hacia el desmedido endeudamiento público
En días recientes venía creciendo la crítica contra el desmedido endeudamiento público, pues la mayoría oficialista aprobó en sólo 25 días más 3,300 millones en préstamos, cantidad similar a la que aprobó la legislatura anterior a petición del gobierno para atender la pandemia. Con esta nueva deuda, el país se acerca al 100% del PIB, según cálculos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).
Estos préstamos -que serán pagados por las actuales y futuras generaciones- no serían necesarios si la mayoría oficialista aprobara una reforma tributaria progresiva “donde paguen más quienes tienen más”, revirtiera las leyes de la elusión y desprivatizara las pensiones. Pero estas propuestas también han sido relegadas por el Bitcoin como nueva panacea.
Gracias al Bitcoin también ya se habla poco de retrocesos democráticos agravados el 1o. de mayo cuando Bukele tomó control de la Asamblea, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. Aun cuando introducir la criptomoneda sea un sinsentido desde puntos de vista económicos, políticos, legales o ecológicos, ha sido una jugada efectiva en la lógica comunicacional del presidente para marcar la agenda del debate público.
