Comunidades, organizaciones eclesiales y movimientos ambientalistas  realizaron ayer la “21° Caminata Ecológica” para conmemorar el Día Mundial del Medioambiente y exigir acciones estatales urgentes para revertir el grave deterioro de los ecosistemas del país.

La masiva movilización llegó hasta la Asamblea Legislativa, pero sufrió el menosprecio de la mayoría parlamentaria oficialista que se negó a recibir su pieza correspondencia. Esta indiferencia de la autodenominada “bancada cyan” no sólo confirma la arrogancia y prepotencia del partido Nuevas Ideas, sino el desinterés del oficialismo por resolver los problemas ambientales, sobre todo la crisis hídrica.

¿Con qué más se puede explicar el hecho que, en vez de la Ley General de Agua, los diputados y diputadas oficialistas aprueben una normativa para el uso de una criptomoneda?: desinterés, irresponsabilidad y esa actitud suicida de “cortar la rama donde estamos parados”, como dice el filósofo alemán Franz Hinkelammert.

Esta irresponsabilidad también se confirma con la negativa de ratificar el “Acuerdo de Escazú” sobre justicia ambiental y la autorización de proyectos ecológicamente inviables como la urbanización “Valle El Ángel” que la oligárquica familia dueñas construye al pié del volcán de San Salvador.

Además de no aprobar la Ley de Agua, la bancada oficialista -que sigue órdenes de Casa Presidencial- rechazó hace dos semanas una petición de ratificar la reforma constitucional que reconoce el derecho al agua y a la alimentación. También mandó al archivo, además de la Ley de Agua, normativas urgentes sobre Soberanía Alimentaria, Prohibición de Agrotóxicos y otras temáticas ambientales.

Ojalá que el presidente Nayib Bukele reflexione sobre esta errónea actitud y le ordene a sus diputados que aprueben estas leyes necesarias, para lo cual es conveniente escuchar y dialogar con las organizaciones ambientalistas que tienen propuestas.

Post data: Noticia positiva, en el marco del Día Mundial del Medioambiente, es la decisión de la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla de ordenar al Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN) que no autorice la construcción de la octava represa sobre el Río Sensunapán. El gobierno debe acatar esta resolución.