La Asamblea Legislativa títere de Casa Presidencial no ve más opciones de financiamiento público que seguir endeudando al país. Desde que asumió el pasado 1o de mayo, la mayoría parlamentaria oficialista no para de aprobar préstamos y en cada sesión plenaria se incrementa la deuda externa que ya ronda el 100% del Producto Interno Bruto (PIB).

La semana pasada no hubo excepción, pues la autodenominada “bancada cyan” y sus aliados avalaron 654 millones más, entre aprobaciones y ratificaciones de préstamos. 554 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y 100 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Los destinos de estos préstamos son válidos: 200 millones para el programa educativo “Mi Nueva Escuela”, 245 millones para “ampliar la Carretera Panamericana y construir un “viaducto” en el tramo de Los Chorros”, 100 millones para “mejorar la calidad y cobertura educativa” y 109 millones para tareas de seguridad pública.

Lo cuestionable es la falta de voluntad política del presidente Nayib Bukele y sus diputados para buscar más ingresos públicos a través de otras medidas que no sean profundizar peligrosamente el endeudamiento del país.

En vez de aprobar más préstamos, el bukelismo podría impulsar una reforma fiscal progresiva donde “paguen más quienes tienen más”, la cual incluye impuestos directos al patrimonio de los más ricos, a la gran ganancia empresarial, a las grandes transferencias financieras y a los bienes y servicios de lujo.

También podría aprobar medidas contra la evasión tributaria y reformar las leyes de Turismo, de Zonas Francia, de Inversiones, de Servicios Internacionales, de Asocios Público-Privados y otras que permiten la elusión fiscal o establecen injustificados privilegios tributarios para las grandes empresas.

Además, Bukele y compañía podrían generar fondos desprivatizando el sistema de pensiones, suspendiendo temporalmente el pago de la deuda externa y -desde luego- evitando la corrupción, los gastos superfluos y el despilfarro de dinero en propaganda, cabilderos internacionales, asesores venezolanos, youtubers famosos, etc.

Esta misma semana el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, solicitó otros 650 millones que -seguramente- serán aprobados en los próximos días: 600 millones para empresas afectadas por el COVID-19 y 50 millones también para gastos relacionados con la pandemia. A esto se suman 474,712 para entregar el Documento Único de Identidad (DUI) a salvadoreños en el exterior y 267,471 para promover empleos juveniles.

Dios quiera que la población tome conciencia del grave peligro que conlleva el excesivo endeudamiento y que exija al gobierno y la Asamblea buscar alternativas de financiamiento público basadas en la justicia tributaria, la transparencia en uso de los fondos públicos y la sostenibilidad fiscal.

Ojalá que así sea.