La semana pasada hubo varios hechos que constituyen graves violaciones a la libertad de expresión, prensa e información, que fueron denunciadas por la Asociación de Periodistas de EL Salvador (APES) y la Mesa de Protección a Periodistas.

Uno fueron las declaraciones estigmatizantes del presidente de facto de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Óscar López Jerez, contra un reportero de Canal 33, luego que el periodista le preguntara sobre sus vínculos con el ex fiscal general Luis Martínez con quien negociaba beneficios para algunos acusados de evasión tributaria.

Otro fue la agresión física contra un periodista de El Diario de Hoy, perpetrada por el subinspector de la Policía Nacional Civil (PNC), Raúl Martínez Velásquez, durante la cobertura del hallazgo del cadáver de un estudiante asesinado en Apopa.

Y, finalmente, la deportación de un editor mexicano de El Faro, a quien las autoridades migratorias no le concedieron el permiso de trabajo. Una semana después también le fue negado el permiso a un periodista estadounidense de este mismo medio digital.

A esto se suma el intento de reformar la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) para ocultar aún más la información y oscurecer la gestión pública, que ha sido rechazado por diversas organizaciones, entre éstas la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), el Grupo Promotor de la LAIP y la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo).

La reforma en cuestión busca convertir la información oficiosa en confidencial, declarar reserva de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos y otras medidas que significarían una “derogación fáctica” de dicha normativa, pues la dejarían sin herramientas para tener eficacia y lograr los objetivos para los que fue creada.

La anulación de la LAIP y el control gubernamental del Instituto de Acceso a la Información (IAIP) representan la muerte definitiva del marco legal e institucional que promovía el acceso a la información y son -por tanto- el ocaso de la transparencia, la rendición de cuentas y la anticorrupción, dado que tampoco existe una Fiscalía independiente y una CSJ autónoma.

La libertad de expresión, prensa e información son -sin duda- los principios democráticos fundamentales más vulnerados por el presidente Nayib Bukele y sus secuaces, en su afán de aniquilar la institucionalidad, oscurecer la gestión pública y perpetuarse en el poder.