Ante las críticas de diputadas de oposición y organizaciones de derechos humanos contra la mayor militarización de la seguridad pública en la cuarta fase del “Plan Control Territorial”, el presidente Nayib Bukele reaccionó acusándoles de defender a las maras.
“¿Ya vieron quiénes salieron a defender a los pandilleros?”, preguntó el mandatario en Twitter. “Sí, los mismos que los financiaron, que les dieron armamento militar, que los entrenaron en los polígonos de tiro del estado, los mismos que les llevaban prostitutas, drogas y wifi a los centros penales. Si, esos”, respondió él mismo.
El mensaje presidencial fue retomado inmediatamente por el ministro de seguridad Gustavo Villatoro y difundido por varios “medios fake” que conforman el aparato de propaganda oficialista.
Lo dicho por el gobernante probablemente aluda a ex funcionarios señalados de negociar con pandillas: los areneros Norman Quijano y Ernesto Muyshondt, los efemelenistas David Munguía Payés y Arístides Valencia e, incluso, Mario Durán cuando era concejal de Bukele en la Alcaldía de San Salvador.
Sin embargo, ninguna de esas personas acusadas de negociar con las maras ha criticado la militarización del “Plan Control Territorial”; sino que fueron las parlamentarias efemelenistas Anabel Belloso y Dina Argueta, así como las organizaciones Servicio Social Pasionista (SSPAS) y Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
Pero allá de la incongruencia entre la declaración presidencial y la realidad, hay una situación aún más grave: el hecho que probablemente sea el bukelismo quien hoy protege a pandilleros. Eso sugiere una publicación reciente de La Prensa Gráfica, según la cual magistrados impuestos en la Sala Constitucional intentan frenar la extradición de un jefe pandilleril.
Este medio escrito informó que el pasado 10 de junio, magistrados bukelistas pidieron revertir la decisión de la Corte Plena de extraditar a un pandillero solicitado por Estados Unidos, donde ha cometido varios crímenes. La decisión aparentemente no fue revertida pero la extradición no se ha concretado (https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Magistrados-impuestos-intentan-frenar-extradicion-a-EUA-de-cabecilla-MS-13-20210624-0106.html).
Lo publicado por el periódico matutino fue confirmado la semana pasada por la representante diplomática estadounidense Jean Manes, quien pidió al gobierno salvadoreño cumplir con el tratado bilateral de extradición (https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/EUA-espera-que-El-Salvador-cumpla-la-extradicion-de-MS-13-20210722-0136.html).
Entonces, presidente Bukele, ¿quién protege a jefes de pandillas? ¿Las diputadas Belloso y Argueta, DPLF y el SSPAS? ¿O es usted operando a través de sus magistrados impuestos en la Corte Suprema de Justicia?
Vale recordar que en septiembre del año pasado el semanario digital El Faro publicó que el gobierno de Bukele llevaba más de un año negociando reducción de homicidios y apoyo electoral con la pandilla a la que pertenece el delincuente requerido por la justicia estadounidense y que los “magistrados cyan” intentan proteger.
