La Asamblea Legislativa controlada por el bukelismo ha decidido ocultar la información sobre presupuesto, viajes de diputados, seguros, licitaciones públicas, contrataciones directas, órdenes de compra, planillas de salarios, informes de auditorías y otros datos que -según la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP)- constituyen información oficiosa que debe ser publicada por las instituciones sin necesidad de una solicitud directa.
El grupo parlamentario oficialista y sus aliados también acordaron declarar información reservada los acuerdos de la presidencia y la junta directiva, los expedientes de la elección de funcionarios de segundo grado y los expedientes de las comisiones especiales.
La justificación para ocultar dicha información es que su conocimiento público “pone en peligro evidente la vida, seguridad o la salud de cualquier persona”; y que “podría generar una ventaja indebida a una persona en perjuicio de un tercero”.
Así, los diputados de Nuevas Ideas y compañía entierran su promesa de transparentar los fondos y el trabajo legislativo. Los diputados del presidente Nayib Bukele prometieron quitarse privilegios, eliminar plazas fantasmas y gastos superfluos, reducir los honorarios; pero nada de eso hicieron, y para evitar las críticas de la población ocultan la información.
La bancada cyan, además, tiene en agenda reformar la LAIP para ocultar todavía más la información pública que es un derecho y un bien ciudadano.
El 5 de mayo, en su segunda sesión plenaria, el grupo parlamentario oficialista también aprobó la “Ley Alabí” para ocultar el uso de fondos públicos durante la pandemia del COVID-19 y otorgar impunidad a los funcionarios involucrados en irregularidades; y el 1o. de mayo destituyeron al Fiscal General, Raúl Melara, quien investigaba varios casos de corrupción en el gobierno presentados por la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).
Y para hacer creer a la población que sí están transparentando la gestión pública y combatiendo la corrupción, Nuevas Ideas y sus satélites han creado comisiones especiales para investigar la asignación de fondos a ONGs y el pago de sobresueldos a ex funcionarios de gobiernos anteriores.
Ojalá más temprano que tarde la ciudadanía despierte, alce la voz y se movilice para exigir acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas y combate real a la corrupción, en la Asamblea Legislativa y el resto del aparato estatal.
