La Asamblea Legislativa concluyó esta semana el proceso de consulta sobre el proyecto de Ley General de Recursos Hídricos que  el Ejecutivo presentó el pasado 18 de junio, en respuesta a la exigencia de las organizaciones sociales que durante casi dos décadas ha promovido un marco legal sobre el agua.

En la consulta participaron miembros de empresas privadas y funcionarios públicos; así como también representantes de organizaciones ecologistas, juntas de agua, pueblos indígenas, iglesias y universidades, aglutinadas en el Foro del Agua y la Alianza contra la Privatización del Agua.

Estas últimas presentaron como “puntos no negociables” el agua como derecho humano, un ente rector totalmente público, el enfoque de protección de cuencas, un régimen económico justo y la participación ciudadana en gestión de los bienes hídricos.

Al cerrar el proceso, la presidenta de la comisión ad hoc que estudia el proyecto, Sandra Martínez, se comprometió a no aprobar una normativa privatizadora del agua. La diputada de Nuevas Ideas, también presidenta la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático, se comprometió -además- a continuar la elaboración de la ley en forma “abierta, transparente y de cara a la población”.

Sin embargo, la promesa de esta diputada oficialista no es confiable por dos razones importantes. La primera es que la Asamblea mantiene en el proyecto de ley el otorgamiento de concesiones hasta por más de 15 años a empresas que utilizan agua, lo cual representa una forma de privatización encubierta.

A esto se suma la afinidad y coincidencia que mostraron legisladores bukelistas, incluida la diputada Martínez, con los representantes empresariales que intervinieron en la comisión. La presidenta de la comisión ad hoc, incluso, repitió que “la protección del medioambiente no debe detener el desarrollo”.

Y en segundo lugar, porque los diputados oficialistas no tienen autonomía, independencia y decisión propia frente al Ejecutivo. Está demostrado que la “bancada cyan” obedece a Casa Presidencial y, por tanto, aprobará la ley que Nayib Bukele desee y no necesariamente la que el país necesita y que las organizaciones demandan.

Por tanto, las organizaciones sociales y toda la población deben estar atentas, vigilantes y listas para movilizarse, teniendo en cuenta que para Bukele no es prioridad el agua y la defensa del medioambiente, sino las inversiones y los intereses empresariales. Lo dijo cuando se negó a ratificar el Acuerdo de Escazú y lo ha demostrado avalando proyectos como “Valle El Ángel”.

Así que ¡ojo con la ley de agua! Toda la población debe estar “ojo al cristo” para evitar que Nuevas Ideas y sus aliados aprueben una ley privatizadora.