La mayoría parlamentaria oficialista aprobó ayer un “asocio-público-privado” a ALUTECH S.A. de C.V. Por decisión de la autodenominada “bancada cyan” y sus aliados (GANA, PCN y PDC), esta empresa hondureña será la responsable de ampliar y “administrar” la terminal de carga del Aeropuerto Internacional “Monseñor Óscar Arnulfo Romero”.

El hecho es importante por dos razones que no deberían pasar desapercibidas. La primera es el posible acto de corrupción: el tráfico de influencias o conflicto de interés, dado que ALUTECH financió la campaña presidencial de Nayib Bukele. Según un informe de Acción Ciudadana, dicha empresa donó en 2019 un millón de dólares a GANA, partido cuyo candidato era el actual mandatario.

Y la segunda es que representa el banderillazo de salida a una nueva oleada de privatizaciones, ahora bajo la figura de “asocio público-privados”. El gobierno de Bukele también ha anunciado otros proyectos de infraestructura bajo esta modalidad, entre éstos la construcción de varios pasos a desnivel en San Salvador y su periferia. Las empresas que hagan estas obras después podrían cobrar peaje o pago por el derecho de tránsito.

El concepto de “asocio público-privado” surgió para evadir el descrédito y la impopularidad de las privatizaciones en la época de ARENA, cuando se privatizaron los bancos, el comercio exterior, las pensiones, las telecomunicaciones, la distribución y parte de la generación eléctrica, entre otros servicios y activos públicos.

En junio de 2013, durante el primer gobierno del FMLN, presidido por Mauricio Funes, se aprobó la Ley de “Asocio Público-Privados”, por presiones del gobierno de Estados Unidos como requisito para desembolsar el FOMILENIO II; y en diciembre de 2017, en el gobierno de Salvador Sánchez Cerén se aprobaron varias reformas para abrirla aún más a la inversión privada.

Así, “la mesa quedó servida” para que el presidente Bukele -quien en un discurso de marzo de 2019 en la ultraderechista Fundación Heritage confesó su credo neoliberal- ahora lance una nueva oleada de privatizaciones que terminarán con los últimos vestigios de activos estatales y públicos.

La administración Bukele también tiene sobre la mesa un proyecto de ley de “zonas económicas especiales” que no logró aprobarse en el gobierno anterior, debido a las críticas de organizaciones sociales y medios alternativos. En la campaña para las elecciones del pasado 28 de febrero, el ahora presidente de la Asamblea legislativa, Ernesto Castro, prometió que aprobarán este tipo de leyes.

Así que la “gran novedad” del clan Bukele y su gobierno de las “nuevas ideas” son las viejas y fracasadas lógicas neoliberales, con el regreso de las privatizaciones.