La difusión de una propuesta de normativa técnica para el uso del Bitcoin, por parte del Banco Central de Reserva (BCR), confirma que el gobierno del presidente Nayib Bukele no dará marcha atrás a su decisión de dar curso legal a la criptomoneda, a pesar del amplio rechazo popular a dicha medida.

La Ley del Bitcoin fue aprobada el pasado 9 de junio, tres días después del anuncio presidencial y con solo cinco horas de proceso legislativo, sin ninguna debate técnico y sin consultar a la población, casi de la misma forma en que se aprobó la dolarización hace 20 años. Publicaciones recientes del semanario digital El Faro revelaron que la “bitcoinización” fue acordada en reuniones secretas de los hermanos del presidente Bukele con “inversores criptomonederos”.

Como han advertido economistas, expertos en monedas digitales y representantes de organismos financieros, la implementación del Bitcoin contiene graves riesgos debido a la alta volatilidad y fluctuación extrema de su valor, la falta de controles que puede ser aprovechada por el crimen organizado y el enorme costo ecológico de la “minería de criptomonedas”.

Por algo la medida es rechazada por la gran mayoría de la gente. Según, una encuesta de la Universidad “Francisco Gavidia” (UFG) publicada el 8 de julio, el 77.5% de la población considera nada o poco acertada la adopción del Bitcoin y sólo el 19.4% la valora acertada o muy acertada.

El 90% de la población encuestada opina que el dólar es la mejor moneda para asegurar la estabilidad de la economía familiar y solo el 1% cree que sus ingresos o patrimonio estaría mejor resguardado con el Bitcoin. El 48.7% de las personas siente incertidumbre con la criptomoneda, el 29% siente temor y únicamente el 19.8% se siente optimista, según la encuesta.

Sin embargo, el presidente no quiere “dar su brazo a torcer”, admitir su error y revertir la impopular medida: su prepotencia y soberbia le impiden rectificar, sin importarle los graves peligros para la economía del país, las finanzas públicas y la vida de la población que podría comprar productos más caros o reducir su poder adquisitivo al perder valor de sus salarios, ahorros o pensiones.

Un poco de humildad, sobriedad, sentido común y un mayor sentido de responsabilidad ayudarían a Nayib Bukele a recapacitar para no provocar un desastre nacional. También ayudaría que la población no sólo se exprese en las encuestas y proteste en redes sociales, sino que también se movilice cuanto antes para exigir al presidente retractarse de tan impopular y peligrosa medida. Después será demasiado tarde.