//CIDH otorga medidas cautelares a favor de abogada Bertha Deleón

CIDH otorga medidas cautelares a favor de abogada Bertha Deleón

Por Red Informativa de ARPAS/Fotografía Vía Twitter Bertha Deleón

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demanda al Estado de El Salvador la adopción de “medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal” de la abogada y defensora de derechos humanos Bertha María Deleón, quien ha sido víctima de ataques por parte de activistas afines al gobierno, principalmente Walter Araujo.

Las medidas deben responder a una perspectiva de género, de forma que Deléon siga desempeñando sus labores como defensora de derechos humanos sin que sea objeto de amenazas, intimidación, hostigamientos o actos de violencia en el ejercicio de las mismas, dice la CIDH.

Pese a que, según el Estado, la solicitud de medidas cautelares carecía de sustento la CIDH consideró que la abogada se encuentra en una situación grave que amenaza sus derechos, por lo que solicitó al Estado salvadoreño informar sobre las acciones requeridas en un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución.

Deleón es una abogada, feminista y defensora de derechos humanos que ha trabajado en temas de derechos de las mujeres, derechos reproductivos y en la lucha contra la corrupción. En 2015 formó parte del equipo querellante en el proceso penal contra el fallecido ex presidente Francisco Flores. Tras las críticas al Gobierno de Nayib Bukele ha sido blanco de desprestigio, amenazas, hostigamiento y difamación mediante las redes sociales.

La solicitud de medidas cautelares fue presentada por la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, el Centro por la Justicia y el Derechos Internacional y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos.

En febrero de este año la CIDH también pidió otorgar medidas de protección para periodistas de El Faro, quienes han publicado investigaciones periodísticas sobre casos de corrupción en el Gobierno de Nayib Bukele. La Comisión argumentó que los profesionales se encontraban en una situación urgente por el riesgo de daño irreparable a sus derechos.